Abelardo de la Espriella cumple este domingo 15 de noviembre de 2026 cien días en la Presidencia de Colombia. Asumió el 7 de agosto y tres días después, el 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 en el centro-occidente del país dejó más de 300 muertos y más de 4.000 heridos, según el recuento que cita el politólogo Alejo Vargas Velásquez. El balance de estos tres meses, hecho por la prensa colombiana y por analistas consultados por ella, muestra una agenda de seguridad en marcha y una agenda fiscal atascada.
El fin de la "paz total"
La pieza más visible del periodo es la Ley 2640, o Ley de Sometimiento a la Justicia, sancionada el 4 de noviembre. El texto elimina la negociación y el reconocimiento político de los grupos armados ilegales, el esquema con el que el gobierno anterior de Gustavo Petro había construido su política de "paz total". En paralelo, el Ejecutivo impulsa un Estatuto Antiterrorista, un proyecto de ley estatutaria orientado a desmantelar estructuras criminales, y ha ordenado operaciones militares y bombardeos contra grupos armados, con el presidente presente en varias de las zonas atacadas.
La política migratoria es el otro frente con cifras. Según el conteo oficial de la Presidencia, hubo 812 deportaciones y expulsiones entre el 7 de agosto y el 29 de octubre, de las cuales 462 se justificaron por razones de seguridad nacional, orden público, requerimientos de Interpol o solicitudes de otros países. A ese balance, que es el último publicado por Migración Colombia, se suman otras 285 salidas registradas en noviembre en siete operativos del Ejecutivo: entre ellas, 71 ciudadanos venezolanos expulsados desde Bucaramanga el 12 de noviembre y 44 pescadores hondureños hallados pescando ilegalmente cerca de San Andrés el 1 de noviembre y devueltos el mismo día. El Espectador, que sumó el balance oficial con los operativos anunciados en redes sociales, estima cerca de 1.097 personas expulsadas, y advierte que el número podría ser mayor porque no se ha publicado un balance oficial actualizado.
La cuenta que no cierra
El punto débil, coinciden los analistas, es el fiscal. En cien días el Gobierno pidió al Congreso 4,67 billones de pesos (COP) adicionales y habilitó hasta 10 billones de pesos por vía de impuestos. El Congreso aprobó un Presupuesto General de la Nación para 2027 de 634,9 billones de pesos, y el Ejecutivo recibió vigencias futuras por 51 billones para vías, radares y puertos. Mientras tanto el Icetex, la entidad de crédito educativo, tiene asegurados 467.621 millones de pesos de los 1,99 billones que necesita para operar en 2027, y el Ministerio de Vivienda arrastra cuentas por 19,7 billones y 2.345 proyectos sin recursos.
La apuesta central es la Ley de Rescate Económico, la reforma tributaria del Gobierno, que plantea gravámenes que encarecerían productos de la canasta familiar. El consultor político Juan Falkonerth calcula que a la iniciativa le queda cerca de un mes para no ser archivada, y señala que la demora en radicar el paquete legislativo y las salidas tempranas del gabinete "pueden pasarle factura al Gobierno". Vargas Velásquez es más directo: "todo indica que va a haber nuevos impuestos, de eso no hay duda", dijo, pese a la promesa de campaña de no subirlos. Juan Nicolás Garzón, de la Universidad de La Sabana, identifica la falta de claridad fiscal como el principal desacierto del periodo y sitúa el reto en convertir las promesas en políticas reales.
El 19 de noviembre, las centrales obreras y el Pacto Histórico han convocado un paro nacional contra esa misma ley.
Gabinete y exterior
Tres cambios marcaron el gabinete en el primer trimestre: Rodrigo Lara salió del Ministerio del Interior y fue reemplazado por Alejandro Ordóñez, y Viviane Morales dejó el Ministerio de Educación por motivos personales. Ana María Vesga está al frente de Salud, donde un plan de choque entregó medicamentos y procedimientos; Garzón advierte que todavía no hay datos para afirmar que el sistema esté estabilizado.
En política exterior, el Gobierno restableció relaciones con Israel, Estados Unidos, Argentina, El Salvador y Chile, un giro completo respecto del cuatrienio anterior. Para lo que viene, la agenda legislativa incluye el Plan Nacional de Desarrollo y reformas en seguridad, salud y justicia; Vargas Velásquez añade un pendiente que el Gobierno no ha priorizado: cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016, compromiso constitucional hasta 2030.
Con información de Infobae, El Espectador y Portafolio.




