Los presidentes Nayib Bukele, de El Salvador, y Laura Fernández, de Costa Rica, firmaron la noche del viernes 16 de octubre de 2026, en San Salvador, un acuerdo de cooperación contra el crimen transnacional. El texto no se hizo público.
Según la Presidencia salvadoreña, la reunión bilateral se concentró en seguridad pública y en el combate a estructuras criminales que operan en más de un país, y dejó sentadas las bases para asistencia técnica, intercambio oportuno de información policial y coordinación de inteligencia entre instituciones homólogas de los dos Estados.
Antes del encuentro, Fernández recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), el penal de máxima seguridad de Tecoluca con capacidad para unos 40.000 reclusos que se convirtió en el emblema de la política de seguridad de Bukele.
"Un monumento a la justicia"
"Ustedes lo que tienen ahí, más que un Cecot, es un monumento a la justicia", dijo Fernández en la declaración conjunta posterior a la reunión. La presidenta señaló que uno de los objetivos centrales de su viaje era conocer de primera mano el funcionamiento del penal: "Vine a conocer de primera mano esa experiencia".
Fernández agradeció el apoyo y la asistencia técnica salvadoreña y sostuvo que "hoy Costa Rica también avanza para convertirse en un referente de seguridad". Sobre la relación con San Salvador, afirmó que "es en momentos difíciles cuando se mide el apoyo de un aliado" y que "nuestros países han unido esfuerzos, inteligencia y experiencias para enfrentar a un enemigo común".
Bukele marcó una distancia explícita entre las dos situaciones nacionales: "Las realidades de Costa Rica y El Salvador son diferentes, pero se pueden aprender muchas cosas". Y recomendó actuar temprano: "Es mejor atacarlo ya y no esperar a llegar a lo que nosotros llegamos". El mandatario salvadoreño insistió en reformas legales, coordinación institucional, operativos policiales e inteligencia, y reconoció las dificultades políticas que enfrenta Fernández para aprobar cambios legislativos. También dijo que su gobierno quiere aprender de Costa Rica en materia ambiental y económica.
El Cacco, la pieza costarricense
La visita llegó dos días después de que Costa Rica inaugurara su propia cárcel de máxima seguridad, inspirada en el modelo salvadoreño.
El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) se inauguró el miércoles 14 de octubre junto al penal La Reforma, en San Rafael de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José. Estas son sus cifras:
- Capacidad: 5.100 personas privadas de libertad.
- Costo: 16.774 millones de colones, unos 35 millones de dólares, financiados íntegramente con presupuesto nacional.
- Estructura: cinco módulos independientes de 1.020 reclusos cada uno, en 91.000 metros cuadrados, de los cuales 31.000 están techados y blindados.
- Traslados: los primeros están previstos para finales de octubre, con un grupo inicial de 2.500 reclusos.
El perfil de los internos, según el gobierno costarricense, abarca cabecillas de pandillas y de organizaciones criminales, sicarios y presos con procesos de extradición en curso.
Un giro regional
La secuencia —megacárcel inaugurada el miércoles, visita al Cecot el viernes, acuerdo de cooperación la misma noche— ordena en tres días un desplazamiento que venía gestándose: Costa Rica, el país centroamericano con la tradición institucional más distante del punitivismo de la región, adopta de forma abierta el repertorio salvadoreño y lo presenta como política de Estado.
Lo que todavía no está a la vista es el texto del acuerdo, ni qué parte de la experiencia salvadoreña —que incluye un régimen de excepción vigente desde 2022 y objeciones de organismos de derechos humanos— considera Costa Rica adaptable a su propio marco legal. El propio Bukele reconoció que las reformas legislativas son el punto donde la presidenta costarricense tiene menos margen.
Con información de la Presidencia de El Salvador, de EFE, de La Prensa (Panamá), de La Noticia SV y de Bloomberg Línea.
