El chavismo y la oposición venezolana retoman este viernes 13 de noviembre de 2026, en el hotel Gran Meliá de Caracas, el cuarto ciclo del diálogo político que ambas partes iniciaron en agosto. Es la primera ronda desde que María Corina Machado volvió al país, el 25 de octubre, y se abre con la recomposición del Poder Judicial y del árbitro electoral como asunto central.
Las sesiones anteriores, celebradas en el mismo hotel —la tercera, el 14 de octubre—, se extendieron por cerca de una semana cada una.
Quiénes se sientan a la mesa
La delegación opositora está encabezada por Dinorah Figuera e incluye a la exdiputada Desiree Barboza y a Marco Aurelio Quiñónez. Del lado del gobierno, EFE y el diario colombiano El Tiempo identifican como figura de referencia a Delcy Rodríguez, presidenta encargada, aunque ninguna de las dos fuentes nombra a los delegados oficialistas en la mesa. Ninguna menciona tampoco mediadores o facilitadores externos.
Machado no participa en la negociación. Según El Tiempo, la líder opositora ha dicho que no obstruirá las conversaciones, pero reclama que se fije una fecha de elecciones para 2027. Se ha declarado dispuesta a un diálogo directo con Rodríguez, sin que esa reunión esté prevista. Machado había salido del país en diciembre de 2025 para recibir en Oslo el Premio Nobel de la Paz y estuvo inhabilitada para competir en las elecciones de 2024.
La agenda
Los temas que las partes llevan a esta ronda, según ambas fuentes:
- Renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acordada en el propio diálogo y que se espera quede conformado en diciembre. "Todo pasa por tener un nuevo TSJ", dijo Quiñónez.
- Conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) con vistas a las presidenciales que deberían conducir a una transición. No hay fecha de votación definida.
- Garantías políticas y civiles, con la revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General y, en particular, del procedimiento de inhabilitaciones políticas —el mismo que apartó a Machado en 2024—. La oposición pide que una inhabilitación impuesta de forma irregular o inconstitucional quede "automáticamente anulado".
- Reforma de la ley de partidos, para que las organizaciones intervenidas por el TSJ puedan regularizarse.
- Derechos humanos, personas detenidas y exilio.
- Excarcelación de presos políticos, que Figuera anticipó que será anunciada, aunque el punto todavía no se abordó en la mesa. El gobierno afirma haber liberado a más de mil personas desde que empezaron las conversaciones.
Barboza resumió el enfoque de la delegación opositora así: "Nosotros, más que trabajar con nombres directamente o empezar a manejar listas, estamos trabajando con la raíz". Es decir, el marco legal antes que los casos individuales.
Lo que pide el gobierno
Del otro lado de la mesa, las demandas centrales del oficialismo son la liberación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra —destinado, según el gobierno, a los afectados por el doble terremoto del 24 de junio— y el levantamiento de las sanciones.
El orden de los puntos deja ver la lógica de la negociación: la oposición busca cambiar las reglas e instituciones antes de discutir nombres y fechas; el gobierno busca recursos y alivio externo. La renovación del TSJ, que debería concretarse en diciembre, es la primera prueba verificable de si el acuerdo pasa del papel.
Con información de la agencia EFE y de El Tiempo.
