El Department of Justice (el Departamento de Justicia de Estados Unidos, DOJ) pidió a un juez federal en Los Ángeles que ordene a las autoridades electorales de California apartar los votos por correo de más de 20.000 personas que agencias federales clasificaron como "probables no ciudadanos", y que esos votos queden fuera del conteo hasta que la ciudadanía de cada votante sea verificada de forma independiente. El pedido, presentado como moción de emergencia el lunes 19 de octubre de 2026, regiría a dos semanas de una elección general en la que está en juego el control del Congreso.
La respuesta de California, presentada el martes 20 de octubre, es que la lista sobre la que se sostiene el caso no resiste el cruce con los propios registros del estado.
El condado de Los Ángeles, que concentra el mayor bloque de nombres, revisó una muestra. En una declaración presentada ante el tribunal, la subregistradora Monica Flores escribió que "la Lista de Octubre no es confiable".
Lo que mostró la muestra
De los cerca de 20.000 registros de todo el estado, 7.035 tienen domicilios en el condado de Los Ángeles, y algunos de ellos están duplicados, según el registrador del condado, Dean Logan. El condado tomó 200 para una verificación preliminar.
En el 25,8% de esos 200 registros el votante había declarado haber nacido en Estados Unidos, un dato que el condado calificó de fuerte indicio de ciudadanía, aunque advirtió que no la prueba en todos los casos. Si se consideran solo los registros en los que figuraba algún lugar de nacimiento, la proporción sube al 38,9%. El lugar de nacimiento se solicita en el formulario de inscripción en línea de California, pero no es obligatorio, y de ahí la diferencia entre ambos porcentajes.
El estado de las inscripciones también contradice la premisa del escrito federal. De los 200 registros, 112 estaban cancelados o inactivos: 42,9% cancelados y 4,6% inactivos, frente a 42,4% activos. Más del 71% de esos votantes nunca había votado, y solo al 45% se le había enviado una boleta para la elección en curso.
De dónde salió la lista
El DOJ sostiene que los nombres surgieron de una investigación en varias capas, con datos de registros electorales, archivos migratorios y otras bases federales, y con participación del U.S. Citizenship and Immigration Services (el servicio federal de inmigración y ciudadanía) y de Homeland Security Investigations (el brazo investigador del Departamento de Seguridad Interior). La lista llegó al condado de Los Ángeles en una memoria USB que los funcionarios se negaron a abrir por razones de seguridad; al día siguiente el departamento envió la misma lista por correo electrónico, en una hoja de cálculo.
En sus escritos, el condado describe un proceso que partió de un padrón electoral de más de un año de antigüedad, de una fuente que el gobierno no identifica, complementado con una plataforma comercial de datos que tampoco nombra. Un declarante federal admitió que parte de la información puede estar "incompleta, desactualizada o mal cruzada". La lista no trae niveles de confianza ni la evidencia detrás de cada nombre, y carece de los identificadores únicos que usa el sistema electoral del condado, de modo que el cruce debe hacerse a mano contra nombres, fechas de nacimiento y domicilios.
El procurador general adjunto en funciones, Trent McCotter, dijo el lunes en una conferencia de prensa en Los Ángeles que algunas personas de la lista pueden resultar ciudadanas y reconoció que el departamento no es "perfecto". También describió la lista como "apenas el piso". Kiersten Pels, subsecretaria de prensa del DOJ, afirmó en un comunicado que "California no puede facilitar la violación de la ley federal".
Cargos contra 28 residentes permanentes
El mismo día en que pidió la orden de emergencia, el departamento anunció cargos penales contra 28 personas tomadas de la lista, todas residentes permanentes legales. Según la cuenta del estado, 22 votaron, cinco solo se inscribieron y una emitió un voto provisional en 2020. Uno de los acusados, Kamlesh Shah, de 68 años, dijo a la estación KCRA 3 de Sacramento que creía que podía votar porque tenía una Real ID.
El fiscal general de California, Rob Bonta, ubicó esos 28 casos en alrededor del 0,0001% de los 23 millones de votantes inscritos del estado. Calificó la demanda de "maniobra política temeraria" que "amenaza con privar del voto a miles de californianos en esta elección", y dijo que el gobierno perdió 26 juicios en los que pedía padrones electorales sin tachar. La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, rechazó una exigencia del departamento, enviada el 13 de octubre, de revisar la lista en 48 horas; dos días después el gobierno demandó al estado.
El gobernador Gavin Newsom dijo que "toda denuncia creíble de fraude electoral debe tomarse en serio e investigarse", aunque cuestionó el momento elegido. Las autoridades estatales afirman que vienen cumpliendo con citaciones de un gran jurado federal que alcanzan a unas 300 personas.
Cifras federales de este tipo ya se encogieron antes al ser revisadas. En Nevada, el Departamento de Seguridad Interior dijo que podía haber casi 16.000 no ciudadanos en el padrón; de los 185 nombres que efectivamente envió al estado, todos resultaron ciudadanos. En Pensilvania la cifra citada fue de más de 14.000, y nueve personas fueron acusadas. En California, el número que circuló en julio era de 190.000.
Doce días para la elección
El caso, United States v. State of California, cambió de manos esta semana. El martes fue asignado al juez John Holcomb, nominado al tribunal por el presidente Donald Trump en 2020, y el miércoles lo asumió el juez David O. Carter, designado por Bill Clinton, que en enero desestimó otra demanda del departamento que buscaba el padrón electoral completo de California. El traspaso trata a ambos expedientes como asuntos relacionados.
El sustento legal del gobierno es el artículo 611 del título 18 del código federal, la norma penal que prohíbe votar a los no ciudadanos en elecciones federales. California responde que el Congreso nunca autorizó al DOJ a usarla como palanca civil sobre la forma en que un estado organiza una elección, y que la orden propuesta no fija plazo para resolver la ciudadanía de un votante, no prevé cómo impugnar un cruce equivocado y no garantiza que una boleta retenida por error llegue a contarse. El departamento admitió que investigar individualmente a miles de personas antes del cierre de la elección no es factible.
La elección es el 3 de noviembre. No hay fecha de audiencia anunciada.
Con información de NPR, Democracy Docket y CalMatters.
