La más alta corte constitucional de Polonia está paralizada desde el viernes, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció que asumía la jefatura del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) y suspendía a su presidente, Bogdan Święczkowski. La dirección que estaba hasta entonces en el cargo cuestiona la legalidad de ambas medidas.
Ese mismo día, siete personas elegidas por el Sejm —la cámara baja del Parlamento polaco— para actuar como juezas del tribunal entraron en el edificio. Los guardias de seguridad habrían recibido la orden de retirarse, y a Święczkowski y al vicepresidente de la corte, Bartłomiej Sochański, se les habría impedido el acceso. El ministro de Justicia, Waldemar Żurek, dijo que había pedido el levantamiento de la inmunidad de ambos, con el argumento de que dejaron de cumplir sus funciones.
Protestas, policía antidisturbios y acusación de "golpe de Estado"
La noche del viernes, manifestantes y policías antidisturbios se enfrentaron frente al tribunal, en Varsovia; tres personas fueron detenidas después de que se lanzaran objetos contra los agentes. El acto reunió a dirigentes de Ley y Justicia (PiS), entre ellos Jarosław Kaczyński y Mateusz Morawiecki. Kaczyński pidió que las protestas continúen y habló de un "Estado policial". La cuenta oficial del tribunal en la red X calificó la maniobra de "golpe de Estado".
El presidente Karol Nawrocki, aliado del PiS, interrumpió un viaje a Senegal para volver a Varsovia. En un comunicado leído por su jefe de gabinete, Paweł Szefernaker, habló de una "toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado" y pidió la retirada de las fuerzas del gobierno del área del tribunal. El sábado convocó reuniones de emergencia citando una "amenaza a la seguridad interna de Polonia": asistieron partidos nacionalistas, de extrema derecha y parte de la coalición de gobierno, mientras que la Coalición Cívica, del primer ministro Donald Tusk, no fue. Las conversaciones terminaron sin acuerdo.
Qué está en juego
Tusk defiende la salida de Święczkowski como un paso necesario para restaurar el Estado de derecho y sostiene que los jueces de la corte no son políticamente neutrales. El lunes reclamó a Nawrocki el reconocimiento de los jueces elegidos por el Parlamento. "Resolver el conflicto es simple y puede hacerse sin modificar la Constitución", escribió, y acusó al presidente de optar por "una confrontación por la fuerza, que puede costarle caro a Polonia".
El PiS gobernó Polonia de 2015 a 2023 y sus críticos lo acusan de haber politizado el poder judicial. Algunos jueces designados en ese periodo no son reconocidos ni por el gobierno de Tusk ni por la Unión Europea. Elegido a mediados de 2025, Nawrocki viene bloqueando designaciones a la corte; según Al Jazeera, a Święczkowski, por su parte, se le acusa de haber usado el cargo en los últimos seis meses para impedir que los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran.
El bloqueo tiene, por tanto, dos trabas que se alimentan entre sí: el Parlamento elige jueces a los que el presidente no toma juramento, y la jefatura de la corte frena a los que llegan. Ese es el nudo que dejó al tribunal sin decidir.
La Comisión Europea afirmó que las autoridades polacas deben garantizar que el tribunal "pueda funcionar de acuerdo con la Constitución polaca" y que la designación de ocho nuevos integrantes "está dentro del poder constitucional del Sejm". El embajador de Estados Unidos en Varsovia, Tom Rose, pidió calma a todas las partes.
Con información de Al Jazeera y Euronews.
