El pleno del Senado de México aprobó el miércoles 30 de septiembre de 2026, con 72 votos, una reforma que castiga penalmente el uso de la imagen institucional del Estado para engañar a terceros. El texto, que la discusión pública bautizó como "ley antimemes", pasó a la Cámara de Diputados, donde debe ser revisado antes de entrar en vigor.
Un día después, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el apodo. "La supuesta 'ley antimemes' no prohíbe ningún meme. Es más, es la ley de defensa de los autores, del derecho de autor", dijo el 1 de octubre.
Qué dice el texto aprobado
La reforma modifica el artículo 403 bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y alcanza también al Código Penal Federal. Sanciona a quien use, reproduzca, imite o incorpore gráficos institucionales, dominios electrónicos o documentos oficiales del gobierno de manera que parezcan auténticos.
Las penas previstas van de uno a cinco años de prisión y de 1.000 a 10.000 UMAs de multa. La Unidad de Medida y Actualización es el valor de referencia con el que México calcula multas desde 2016, de modo que el tope de la sanción se mueve cada año con ese índice y no con el salario mínimo.
Antes de la votación en el pleno, el texto fue ajustado para acotar su alcance: las sanciones se aplican sólo "cuando se busque inducir al error o engaño con la intención de cometer un delito". En la práctica, la acusación tendría que probar tres elementos a la vez (escala comercial, intención de inducir a error y propósito de cometer un ilícito), y no basta con que alguien haya usado un logotipo oficial.
El caso que el gobierno pone como ejemplo
Sheinbaum y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, situaron el objetivo de la reforma en el fraude digital con suplantación de identidad, no en la sátira política.
"Cuando de pronto aparece un video con inteligencia artificial del director del IMSS diciendo algo falso para cometer un fraude, o un video mío llamando a la gente a invertir en una cuenta de Pemex, porque esto ya pasó, eso no estaba tipificado como delito", argumentó la presidenta.
Es el punto que el Ejecutivo repitió durante toda la semana: hasta ahora, el video falso que se hace pasar por un funcionario para pedir dinero caía en una zona gris del Código Penal.
La objeción
En el Senado, la crítica más visible vino de la panista Lilly Téllez, que advirtió que la redacción podía alcanzar a ciudadanos, comediantes, caricaturistas y creadores de contenido que usan imágenes institucionales, y habló de "criminalizar la libertad de expresión". Téllez sostuvo además que el gobierno se ocupa de perseguir "moneros" antes que al crimen organizado.
El morenista Javier Corral reconoció el riesgo de lectura y defendió la reforma, pero admitió que hacían falta ajustes en el texto para que no se entendiera como un ataque a la sátira o a la crítica.
En las comisiones unidas, el dictamen había pasado el 23 de septiembre con 34 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones: una proporción de rechazo mayor que la del pleno una semana después.
Lo que falta
La reforma no es ley todavía. La Cámara de Diputados puede aprobarla en los términos en que llegó, devolverla con cambios al Senado o dejarla sin dictaminar. El nombre con el que la discusión pública la fijó, en todo caso, ya sobrevivió a la aclaración presidencial: la pregunta que circula no es qué protege la norma, sino qué puede hacerse con ella.
Con información de Expansión Política, El Informador, Infobae y Semanario ZETA.
