La Fiscalía General del Estado de Ecuador y la Policía Nacional ejecutaron el miércoles 21 de octubre tres allanamientos simultáneos dentro de una investigación previa por presunto peculado en el Municipio de Quito. Uno de los operativos alcanzó oficinas del cabildo en el centro de la capital; los otros dos, las instalaciones de un consorcio en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular.
"La Fiscalía y la Policía ejecutan tres allanamientos en el marco de una investigación por presunto peculado", informó el Ministerio Público en su cuenta de X, sin identificar a personas investigadas.
Dos contratos de 2024
Según la Fiscalía, los operativos buscan indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública entregados a consorcios privados en 2024, por un monto conjunto superior a los 4 millones de dólares. Ninguna de las dos fuentes consultadas en Quito identifica las obras concretas.
En el Municipio, los fiscales incautaron computadoras, teléfonos celulares, memorias USB y documentación de la gerencia general de la Epmmop —la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas—, de la Secretaría General y del área de archivo. El alcalde Pabel Muñoz no estaba en su despacho durante el operativo.
La respuesta del cabildo
El Municipio de Quito aseguró en un comunicado que entregó toda la información que requirieron los fiscales. "Esta administración tiene tolerancia cero con la corrupción", sostuvo, y añadió que, si algún funcionario actuó al margen de la ley, el cabildo sería "el primero en exigir cuentas". Pidió que la investigación avance "con pruebas, con seriedad y con el debido proceso" y marcó un límite: "Un allanamiento no es una sentencia. Nadie debe ser condenado de antemano".
Muñoz, que busca la reelección y pertenece a Revolución Ciudadana —el movimiento correísta, opositor al presidente Daniel Noboa—, no se pronunció personalmente el mismo día. Dirigentes de su organización sí lo respaldaron, entre ellos la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.
Una denuncia más grande, aún sin confirmar
El concejal metropolitano Michael Aulestia afirmó el mismo miércoles que los allanamientos se originan en una denuncia por presunto peculado que él presentó ante las autoridades, y que su fiscalización en el Concejo Metropolitano identificó adjudicaciones por alrededor de 65 millones de dólares, en su mayoría a través de la Epmmop.
Aulestia sostiene que los contratos se repartieron entre varios consorcios, lo que —según su denuncia— habría permitido a un mismo proveedor eludir restricciones de la contratación pública, y que se entregaron nuevos contratos a proveedores con obras inconclusas, en contra del artículo 49 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. También alega irregularidades en compras de asfalto. Son afirmaciones del concejal: la Fiscalía no ha confirmado públicamente que esa cifra forme parte de la investigación en curso, que hasta ahora se circunscribe a los contratos de más de 4 millones de dólares.
Es un expediente distinto del que ya pesa sobre la gestión. En diciembre de 2025, la Contraloría General del Estado atribuyó responsabilidad directa a Muñoz por la compra de 60 trolebuses eléctricos, con glosas de 2.552.307,83 dólares y responsabilidades administrativas por 79.970,00 dólares, en un examen que cubrió el período del 1 de agosto de 2022 al 30 de abril de 2025.
Con información de Primicias, El Universo, Vistazo y la cuenta oficial de la Fiscalía General del Estado.
