La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el viernes 16 de octubre de 2026 una versión enmendada de la licencia que permite financiar la ayuda por el doble terremoto que golpeó la costa norte de Venezuela el 24 de junio. La Licencia General 60A sustituye a la 60 y corre hasta el 21 de abril de 2027, seis meses más allá del vencimiento que estaba fijado para el 23 de octubre.
La autorización no levanta las sanciones: habilita, dentro de ellas, un conjunto acotado de operaciones. Permite las transacciones vinculadas a las tareas de socorro que de otro modo estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones a Venezuela (31 CFR parte 591) y, en particular, el procesamiento y la transferencia de fondos hacia y desde el país, incluso cuando el ordenante sea una persona de un tercer país, siempre que el movimiento respalde esas tareas.
Qué cambia para los bancos
El punto práctico está en la cadena de pagos. Una entidad estadounidense que recibe una transferencia destinada a Venezuela debe determinar si la operación está autorizada, y esa verificación es lo que en la práctica frena los envíos. La licencia mantiene la regla que ya traía la versión anterior: los bancos y las remesadoras registradas en Estados Unidos pueden apoyarse en la información que les da el ordenante de la transferencia para establecer si el movimiento encaja en la autorización, salvo que sepan —o tengan motivos para saber— que no cumple los requisitos.
Los límites también siguen en pie. La licencia no desbloquea bienes congelados bajo el régimen venezolano, no autoriza operaciones prohibidas por otras órdenes ejecutivas que ella no menciona y no exime del cumplimiento de otras normas federales, entre ellas las de control de exportaciones que administra el Departamento de Comercio. Junto con la licencia, la OFAC publicó una versión enmendada de su pregunta frecuente número 1263.
La 60 original había sido emitida el 25 de junio, un día después de los sismos, y complementa a la Licencia General 29, la autorización permanente que cubre el trabajo humanitario, de derechos humanos y de construcción de paz de organizaciones sin fines de lucro que deban tratar con el Gobierno de Venezuela.
El desastre que la licencia acompaña
Los dos sismos del 24 de junio ocurrieron con unos 39 segundos de diferencia en el municipio Veroes, en el estado Yaracuy, sobre el sistema de fallas de San Sebastián. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) les asignó magnitudes de 7,2 y 7,5; otras agencias los leyeron como un único evento complejo de magnitud mayor. El temblor se sintió en La Guaira, Caracas, Carabobo, Aragua, Miranda, Trujillo, Falcón y Yaracuy, y también en Colombia, el norte de Brasil y el Caribe insular.
El último balance oficial difundido por la prensa, correspondiente al boletín del 24 de agosto, situaba la cifra de fallecidos en 6.509, frente a los 6.438 del boletín anterior, y daba cuenta de 226.696 personas atendidas en hospitales. Ese mismo parte informaba la evaluación de 60.785 viviendas: 35.545 habitables, 14.239 con acceso restringido y 11.001 en riesgo alto. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calculó que el impacto alcanza a unas 70.000 familias y que en La Guaira se derrumbaron más de cien edificios.
La extensión llega mientras Washington y Caracas sostienen contactos sobre una transición política, un terreno en el que las licencias generales han venido funcionando como la vía de ajuste fino del régimen de sanciones: en junio la OFAC ya había emitido la Licencia General 59, sobre mantenimiento y seguridad de aeronaves de Conviasa, y había modificado las cláusulas de ley aplicable de otras siete autorizaciones.
Con información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, El Nacional, Finanzas Digital, La Patilla, Charity & Security Network, Baker McKenzie, El Diario e Infobae.
