Los dos candidatos que disputan la segunda vuelta de la elección presidencial brasileña fueron entrevistados en el Jornal Nacional, el noticiero principal de TV Globo, en noches consecutivas: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca la reelección, el jueves, y el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) el viernes. La votación está fijada para el 25 de octubre, ocho días después de este sábado.
En la primera vuelta, el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Lula, el 45,16%. Como ninguno pasó de la mitad, la disputa fue a segunda vuelta.
Lula: "soy favorable a reducir a 16 años, pero no en esta PEC"
Interrogado por la periodista Renata Lo Prete, Lula se declaró favorable a bajar la mayoría de edad penal de 18 a 16 años en los casos de delito atroz — una posición históricamente rechazada por su partido.
"Mi pensamiento, como ciudadano, es que soy favorable a reducir la mayoría de edad penal para todo y cualquier delito atroz", dijo el presidente.
Condicionó la discusión, sin embargo, a la tramitación de la PEC da Segurança Pública (enmienda constitucional de seguridad pública), de autoría de su propio gobierno: "Soy favorable a reducir a 16 años, pero no en esta PEC. Se aprueba la PEC y entonces se discute eso".
La propuesta ya pasó por la Câmara dos Deputados (cámara baja) y fue aprobada sin cambios por la comisión de constitución y justicia del Senado. Está lista para votarse en dos turnos en el pleno, pero el presidente de la cámara, Davi Alcolumbre (União-AP), retiró el punto del orden del día el propio jueves, para evitar lo que llamó una "discusión apresurada". Entre las enmiendas presentadas, dos tratan de la mayoría de edad penal: la del senador Rogerio Marinho (PL-RN) fijaría el límite en 16 años en general y en 14 para delitos atroces, tortura, narcotráfico y terrorismo; la del senador Camilo Santana (PT-CE) mantendría los 18 años como regla, con excepción de 16 para los atroces.
Lula afirmó que los estados "no tuvieron competencia" para garantizar la seguridad pública y que la enmienda permitiría al gobierno federal actuar en el sector, además de autorizarlo a crear un ministerio de seguridad pública. "Necesitamos asfixiar al crimen organizado para liberar los territorios de los delincuentes en todo el país", dijo.
Sobre la economía, el presidente resistió la idea de un ajuste por el gasto. "Cada vez que alguien quiere resolver el problema fiscal, el pueblo pobre paga. Y yo no quiero que el pueblo pobre pague", afirmó, al defender un aumento del 15% en el Bolsa Família (programa de transferencia de renta). Citó además la aprobación en el Senado del fin de la jornada 6x1, el perdón de deudas de microemprendedores individuales y la promesa de transporte público gratuito los fines de semana.
En política comercial, dijo preferir negociar con el gobierno de Donald Trump antes que aplicar la ley de reciprocidad brasileña — "No quiero aplicar la Ley de Reciprocidad, pero si hay que hacerlo, lo haremos" — y sostuvo que el comercio con Estados Unidos cayó un 9% mientras crecía con otros socios: "crecimos 20% con China, 15% con Indonesia, 16% con Alemania".
Flávio: 8 de enero, indulto y recorte de ministerios
A la noche siguiente, en una entrevista de poco más de 40 minutos, Flávio Bolsonaro negó que los actos del 8 de enero de 2023 hayan sido un intento de golpe y calificó de "farsa" el juicio que condenó a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, a 27 años de prisión.
"Esa farsa, la historia va a mostrar que fue totalmente armada para intentar sacar a Bolsonaro de la vida pública", afirmó el senador, que se refirió a los invasores como "una señora con Biblia".
Dijo que concedería indulto a su padre, sin confirmar si ocuparía un cargo en el Ejecutivo, y descartó a su hermano Eduardo Bolsonaro en la cancillería. Sobre Eduardo declaró: "Él es un perseguido político".
El senador anunció que pretende acabar con la reelección presidencial, incluso para el mandato que él mismo ocuparía — "Partió de mí presentar una enmienda constitucional que acaba con la reelección para presidente" — y que extinguiría al menos diez ministerios.
En las cuentas públicas, prometió recortar más de R$ 200.000 millones de la deuda federal con la venta de inmuebles públicos abandonados y dijo que el Margen Ecuatorial petrolero rendiría "R$ 100.000 millones de salida". Petrobras, sin embargo, no prevé el inicio de la exploración en la zona antes de 2033.
En seguridad, prometió clasificar al Comando Vermelho y al PCC como organizaciones narcoterroristas, sin detallar el efecto práctico, y defendió cambios en el estatuto de desarme brasileño: "El problema es que las armas están en manos de las personas equivocadas". Pasó a apoyar el fin de la jornada 6x1, aprobado en el Senado la semana pasada, con el argumento de que el trabajador debe tener más libertad para armar su horario.
Al acusar al gobierno federal de un récord de incendios en la Amazonía — "Este fue el octubre con más quemas en la historia de la nación brasileña" —, contradijo los datos del Inpe (instituto nacional de investigaciones espaciales), que registraban 9.544 focos de calor en la región hasta el 15 de octubre, cifra muy por debajo de las más altas de la serie.
A Flávio también se le preguntó por el pedido de R$ 130 millones al exbanquero Daniel Vorcaro y por el financiamiento de la película Dark Horse, sobre su padre, y respondió que el asunto ya estaba aclarado: "Y él aceptó cuando no había nada de malo". Horas antes de la entrevista almorzó con ejecutivos de Globo; la emisora informó que ningún periodista participó del encuentro.
Lo que dejan las dos noches
Las dos entrevistas ocuparon el mismo terreno — seguridad pública, cuentas públicas y jornada laboral — y, en los tres temas, los candidatos se encontraron en un punto que no existía antes de la primera vuelta: ambos pasaron a defender el fin de la jornada 6x1 y ambos tratan el endurecimiento penal como parte central de su programa. La divergencia más clara sigue siendo el camino fiscal: Lula rechaza el ajuste por el gasto, Flávio lo coloca en el centro, con venta de activos y recorte de estructura.
Con información de Agência Brasil, del Inpe y del Tribunal Superior Eleitoral (justicia electoral brasileña).
