La violencia política de la segunda vuelta brasileña de 2026 cambió de blanco. En lugar de candidatos, el estudio divulgado este miércoles por las organizaciones de derechos humanos Terra de Direitos y Justiça Global encontró al votante común: de los 379 episodios contabilizados entre el 5 y el 31 de octubre, 350 (92,3%) alcanzaron a votantes, militantes, equipos de campaña o comités partidarios. Dieciocho personas murieron y otras 18 fueron amenazadas de muerte.
Es la cuarta edición de la investigación "Violência Política e Eleitoral no Brasil" (Violencia Política y Electoral en Brasil). El período abarca la campaña de la segunda vuelta y la primera semana posterior a la elección, y alcanza 198 municipios, las 27 unidades de la federación y casos en el exterior.
Un caso cada dos horas
La cuenta por hora es el número que muestra la dimensión del salto. En la segunda vuelta de 2026 hubo un episodio cada dos horas. En la de 2022, que fue dos días más larga, era uno cada doce: una tasa seis veces menor, según el medio Brasil de Fato. En la primera vuelta de este año, entre el 16 de agosto y el 4 de octubre, el estudio había registrado 134 episodios contra candidaturas o electos, cerca de uno cada nueve horas.
La inversión también aparece en los promedios diarios. Los ataques a candidatos cayeron de 2,68 por día en la primera vuelta a 1,07 en la segunda. Los casos contra votantes y militantes subieron a casi 13 por día.
La violencia se concentró en las ciudades pequeñas. Los municipios de hasta 50.000 habitantes concentraron el 61% de los ataques con intención letal y 12 de las 18 muertes. En las ciudades de más de 100.000 habitantes, la proporción de esos episodios fue del 4%.
De los 242 casos clasificados como violencia difusa —aquellos en los que el blanco es el votante y no el candidato—, 225 (93%) alcanzaron a simpatizantes del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de su Partido dos Trabalhadores (Partido de los Trabajadores). El estudio atribuye el 93% de los casos a actores de extrema derecha, de acuerdo con Brasil de Fato.
La noche del recuento
El pico fue entre la noche del 25 de octubre, cuando se anunció la victoria de Lula, y la madrugada del 26: 54 episodios en 43 municipios de 16 estados, en su mayoría contra personas que celebraban el resultado. Hubo 32 agresiones físicas, 8 amenazas, 11 ataques con intención letal, 2 casos de injuria y 1 de criminalización.
En 13 de esos episodios, los autores identificados eran agentes del Estado: policías militares, guardias municipales y un policía penitenciario.
Después de la urna, el empleo
Del 26 al 31 de octubre llegaron otros 101 episodios, y 78 de ellos tenían que ver con el trabajo: despidos, amenazas de despido, convocatorias al boicot o listas de personas identificadas como votantes de Lula. El estudio separa 14 despidos o amenazas de despido, 27 llamados públicos a despedir o boicotear a votantes del PT y 43 listas de boicot.
El Ministério Público do Trabalho (fiscalía laboral) había recibido 3.754 denuncias de acoso electoral en 2026 hasta el 29 de octubre, más que las 3.373 de todo el año 2022. De ellas, 1.459 llegaron en los tres días y medio siguientes a la votación. La fiscalía abrió procedimientos a partir de convocatorias públicas, hechas por parlamentarios, para que los empleadores despidieran a votantes de Lula, y recomendó retirar las publicaciones.
En Fortaleza, una fábrica de jeans despidió a por lo menos 22 trabajadores la mañana siguiente a la elección por su posición política. La justicia laboral ordenó la reincorporación de todos en 48 horas.
Los casos letales
En Campo Novo do Parecis, en Mato Grosso, un hombre disparó contra personas en la puerta de un bar después de preguntar quién apoyaba al PT; murió el investigador de la Policía Civil Emilson Ormond Souza, de 56 años. En Mangueirinha, en Paraná, un conductor ebrio rompió un bloqueo policial y atropelló a cuatro personas que celebraban la victoria de Lula; el militante Eliseu Pedrozo dos Santos murió al día siguiente.
El estudio contabilizó además 13 episodios contra pueblos indígenas. El 13 de octubre, en la Tierra Indígena Votouro, en Benjamin Constant do Sul, Rio Grande do Sul, tres indígenas kaingang murieron en un conflicto que siguió al despido de trabajadores que habían participado de una caravana en apoyo a Lula. Ese mismo día, un empleado de una estación de servicio fue asesinado a tiros y otros dos indígenas murieron durante un operativo de la Policía Militar. Quince personas resultaron heridas.
Mujeres y mandatos
De los 29 episodios contra candidaturas, mandatos y partidos, 14 tuvieron mujeres como víctimas, y siete involucraron hostilidad de género: machismo, misoginia o transfobia. La diputada federal electa Ana Elisa, de 21 años, recibió amenazas de muerte y de violación; según su despacho, los mensajes llegaban "cada dos minutos", junto con ataques racistas y sexistas.
"La democracia exige seguridad tanto para quien disputa el voto como para quien va a las urnas", dijo Gisele Barbieri, coordinadora de incidencia política de Terra de Direitos. Para ella, el recrudecimiento de 2026 "exige respuestas firmes de las instituciones brasileñas".
Glaucia Marinho, coordinadora de Justiça Global, afirmó que, cuando votar cuesta el empleo o la vida, "es la democracia la que está en riesgo".
Lo que muestra el número
Leídos juntos, los dos números indican un cambio en la escala del blanco. Mientras la violencia se dirigía a candidatos, alcanzaba a algunos cientos de personas expuestas por su profesión; dirigida a votantes, el universo potencial es el del electorado entero, y por la distribución según el tamaño del municipio se concentra allí donde el voto de cada uno es identificable por los vecinos.
Con información de Agência Brasil y Brasil de Fato.
