El Gobierno boliviano convirtió en prioridad del Ejecutivo la reorganización, disolución y liquidación de sus empresas públicas. El Decreto Supremo 5727, publicado el 24 de septiembre de 2026, no ordena un cierre general: fija el procedimiento y los plazos para que cada compañía sea evaluada una por una y termine en continuidad, reorganización, disolución o liquidación.
La norma fue aprobada en un gabinete virtual encabezado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, que se encontraba en Estados Unidos.
Los números del diagnóstico
La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) revisó 67 empresas del nivel central. El diagnóstico identificó al menos 20 en situación crítica y 15 en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas de 2.655 millones de bolivianos y un patrimonio negativo de 1.901 millones de bolivianos.
La distinción importa: una empresa en quiebra técnica no es una empresa que perdió dinero un año, sino una cuyo pasivo supera lo que tiene. Es la situación que, en la práctica, deja al Tesoro sosteniendo la operación.
Qué plazos corren ahora
El decreto encadena tiempos cortos. Una vez que el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP) aprueba el diagnóstico de la OFEP, los ministerios cabeza de sector tienen un máximo de 15 días hábiles para iniciar las acciones de reorganización, y el mismo plazo para presentar las propuestas de disolución o liquidación. La notificación a la empresa afectada debe hacerse en dos días hábiles, y el avance se informa al COSEEP cada semestre.
Mientras el proceso corre, las empresas siguen operando. El decreto también separa dos carriles que suelen mezclarse: las investigaciones por responsabilidad en la gestión avanzan por su cuenta y no detienen los procedimientos de disolución.
La base legal es el artículo 6 de la Ley 1755, de modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026, promulgada el 30 de julio.
El contexto fiscal
La medida llega en un momento de estrechez de caja, y analistas citados por la prensa boliviana la describieron como un "punto de inflexión" en el trato del Estado con su propio aparato empresarial: durante años los diagnósticos existieron sin que hubiera un procedimiento con plazos para actuar sobre ellos.
Lo que el decreto todavía no dice es cuáles son las empresas. Esa lista aparecerá recién con las primeras decisiones sectoriales, previstas para los próximos días.
Con información de Visión 360, Red Uno de Bolivia, El Diario y El Tribuno.
