El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia pidió a México información oficial sobre el asilo político de Álvaro García Linera, vicepresidente del país entre 2006 y 2019, y advirtió que esa condición no detiene los procesos abiertos en territorio boliviano.
En un comunicado difundido el jueves 12 de noviembre, la Cancillería dijo que solicitó por la vía diplomática "información oficial que permita establecer si existe una decisión de concesión de asilo político" y, en caso afirmativo, cuál es su naturaleza jurídica y su alcance. El texto añade que Bolivia "reconoce y respeta las decisiones de otros Estados en materia de protección internacional".
El propio García Linera confirmó que está en México. "Estoy en México y tengo asilo político en México", declaró a la agencia EFE, sin dar más detalles. Al diario boliviano El Deber dijo: "Ya tengo el asilo político en México".
El Gobierno dice que el asilo no para los juicios
La posición boliviana está formulada en una sola frase del comunicado: "la concesión de asilo político no implica, por sí misma, la suspensión de investigaciones fiscales". Las autoridades nacionales, agrega el documento, "mantienen sus atribuciones".
La Cancillería recordó además que Bolivia y México tienen un tratado de asistencia jurídica en materia penal en vigor desde 2010, y que el propio ministerio actúa como Autoridad Central para canalizar los pedidos de cooperación. Es decir: el Gobierno deja abierta la vía para solicitar diligencias a México, aunque el asilo esté concedido.
Dos días antes, el 11 de noviembre, el portavoz presidencial José Luis Gálvez y el canciller Héctor Huanca habían dicho que no existía ninguna comunicación oficial mexicana sobre el caso. Según el Gobierno, García Linera salió de Bolivia hacia Buenos Aires el 31 de octubre, cuando la investigación acababa de abrirse.
El caso de 2009
La investigación apunta a la presunta responsabilidad de García Linera y del expresidente Evo Morales en la operación policial del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, en la que murieron tres extranjeros y otros dos fueron detenidos.
En octubre, el partido opositor Libre presentó ante la Fiscalía una acusación para un juicio de responsabilidades contra ambos, con cargos de presuntas ejecuciones sumarias, detenciones ilegales y torturas en el llamado "caso terrorismo". La semana pasada, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló la actuación fiscal, con lo que la investigación quedó en curso.
Los dos detenidos en 2009, el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, fueron condenados en 2015 a cinco años y diez meses por alzamiento armado, cumplieron la pena, salieron del país y llevaron el caso a instancias internacionales. El proceso fue cerrado en 2020, cuando el gobierno transitorio de Jeanine Áñez retiró los cargos. En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado boliviano fue responsable de violar los derechos de 39 personas afectadas en ese proceso.
El segundo asilo en México
Es la segunda vez que García Linera recibe asilo mexicano. La primera fue el 12 de noviembre de 2019, cuando llegó a México junto con Morales, dos días después de renunciar en la crisis que siguió a las elecciones generales anuladas de ese año.
Con información de EFE, El Deber y comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.
