La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el viernes que decidirá si un presidente puede cerrar por proclamación el sistema de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, al admitir la principal medida migratoria del segundo mandato de Donald Trump después de que dos tribunales inferiores la declararan ilegal.
El caso es Mullin v. Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, 26-239, y los jueces lo aceptaron en su reunión del 13 de noviembre. El peticionario principal es Markwayne Mullin, secretario del Department of Homeland Security (el ministerio de Seguridad Interior); la parte demandada es la organización tejana de asistencia jurídica conocida como RAICES.
Qué hace la proclamación
La Proclamación 10888, que Trump firmó el 20 de enero de 2025, horas después de regresar a la Casa Blanca, declara que la frontera sur enfrenta una invasión y suspende la entrada de los migrantes que cruzan fuera de los puestos fronterizos. Su instructivo de aplicación va más allá de la entrada: ordena a los funcionarios negar a esos migrantes el acceso al asilo y a otras protecciones escritas en la Immigration and Nationality Act (la ley migratoria federal), y expulsarlos mediante procedimientos sumarios en lugar de las audiencias que la ley prevé.
La ley federal dice que quien teme persecución puede solicitar asilo sin importar cómo llegó al país, y al mismo tiempo deja al poder ejecutivo un amplio margen para decidir si lo concede. La posición del gobierno es que ambas cosas pueden separarse: que puede negar el asilo de manera categórica a las personas que la proclamación abarca y que no debería estar obligado a recibir solicitudes que ya decidió rechazar. Los abogados del gobierno sostienen que los plazos de trámite, que llegaron a durar años, atrajeron por sí mismos a los migrantes, porque la mayoría quedaba en libertad en el país mientras esperaba.
Los abogados de los demandantes, de la American Civil Liberties Union y del National Immigrant Justice Center, responden que la ley no permite a un presidente impedir unilateralmente que las personas presenten su solicitud, y que la proclamación busca borrar protecciones que escribió el Congreso. Señalan además que los cruces ya venían cayendo antes de que Trump asumiera.
Dos tribunales, una política intacta
El juez federal de distrito Randolph Moss, en Washington, falló contra la proclamación el 2 de julio de 2025, al concluir que el presidente había reemplazado por procedimientos propios los que había establecido el Congreso. La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó esa conclusión en abril de 2026: sostuvo que el gobierno había cortado ilegalmente el acceso al asilo y creado procedimientos de expulsión fuera del sistema migratorio federal, aunque redujo el alcance del remedio.
Durante todo ese tiempo, las restricciones siguieron en vigor. Ese es el dato práctico detrás de la segunda pregunta que los jueces aceptaron responder, que no se refiere a la frontera: si una disposición de la ley migratoria federal que limita la facultad de los tribunales impide que un juez de distrito conceda el tipo de remedio colectivo que ordenó Moss. Un fallo a favor del gobierno solo en ese punto reduciría lo que puede lograr cualquier demanda aislada contra una política migratoria, al margen de lo que la Corte diga sobre la proclamación.
El tercer caso migratorio del período
Con esta admisión, es el tercer gran caso migratorio del período actual de la Corte. Los otros dos tratan sobre la expulsión rápida a terceros países y sobre la detención sin plazo mientras corre el proceso de expulsión.
Los jueces ya trataron la frontera este año. En junio fallaron 6 a 3, en Mullin v. Al Otro Lado, que un extranjero "llega a Estados Unidos", según la Immigration and Nationality Act, solo al cruzar la frontera, de modo que quien es detenido del lado mexicano no tiene derecho a solicitar asilo ni a ser inspeccionado. El voto mayoritario lo redactó el juez Samuel Alito; la jueza Sonia Sotomayor votó en disidencia, acompañada por las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
La audiencia del nuevo caso se espera para los próximos meses, con una decisión antes de fines de junio de 2027.
Con información de SCOTUSblog, PBS NewsHour, Law Commentary y Al Jazeera.
