El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 477 de 2026, bautizado Ley de Rescate Económico, que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó el 29 de octubre de 2026. El paquete baja el impuesto de renta a las empresas, extiende el IVA del 19% a bienes y servicios hoy excluidos o gravados al 5%, recorta gasto público y crea un mecanismo de devolución del tributo a los hogares de menores ingresos.
El diagnóstico del Gobierno
Las cuentas con las que el Ejecutivo justifica el proyecto son tres:
- el Estado recibe alrededor de 29 billones de pesos (COP) al mes y gasta más de 40 billones;
- el servicio de la deuda pasó de 118 billones a 155 billones de pesos anuales;
- el Gobierno atribuye el desequilibrio a la administración de Gustavo Petro.
Son proyecciones oficiales, presentadas por el Ejecutivo al radicar el texto, y no cuentan todavía con una validación independiente.
El ajuste empieza por el gasto
Cerca del 70% del ajuste recae sobre el gasto del propio Estado, según el Gobierno: reducción del 50% en contratos de prestación de servicios, recorte del 20% en recursos de funcionamiento, revisión de más de 250 transferencias, evaluación de 50 fondos estatales y venta de activos públicos improductivos.
El vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo que el ajuste debe empezar por el Estado y que el proyecto busca evitar la quiebra fiscal y la pérdida de 360.000 empleos.
"EfectIVA": la devolución del impuesto
A partir del 1 de enero de 2028 el proyecto crea el mecanismo llamado EfectIVA, que devuelve en efectivo parte del IVA efectivamente pagado en compras gravadas. El cálculo es por persona y no por hogar, y está escalonado: 100% para quienes están en pobreza y pobreza extrema, y 50%, 40% o 30% según el nivel de vulnerabilidad. El tope mensual es de 5,5 UVT y los pagos se harían en intervalos de no más de quince días calendario; quienes están en pobreza extrema recibirían un mínimo fijo, con independencia del IVA registrado en los sistemas oficiales.
En números del Gobierno, 19 millones de personas recibirían la totalidad del IVA pagado y 16,5 millones accederían a una devolución de hasta el 50%. El cálculo se haría con base en la factura electrónica, el giro llegaría en un máximo de quince días y, para quien no tenga cuenta bancaria, por giro postal.
El Ejecutivo estima que un hogar de bajos recursos paga unos 138.000 pesos mensuales en IVA y recibiría en promedio 231.000 pesos al mes. La cifra devuelta supera lo pagado por el hogar porque el beneficio se liquida por persona, de modo que un hogar con varios integrantes clasificados suma más de una devolución. El Gobierno también calcula que el 10% de la población con más recursos aportaría el 97% de los recursos previstos para enfrentar la crisis fiscal.
El ministro Gómez defendió el esquema con el argumento de que los colombianos más pobres han pagado el mismo IVA que quienes más tienen.
Lo que cambia para las empresas
La tarifa de renta empresarial baja del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. El proyecto crea además el mecanismo "Ruge", que reduce la tarifa al 20% para las empresas que inviertan en 2027 y 2028 y al 26% para las que lo hagan en 2029. Por el lado del recaudo, extiende el IVA a las compras en plataformas internacionales de comercio electrónico, sin importar su valor.
El calendario deja una brecha visible: la primera rebaja de la renta empresarial opera en 2027, mientras la devolución del IVA arranca en 2028 —con un desembolso anticipado previsto a más tardar el 20 de diciembre de 2027—.
La reacción
El expresidente Gustavo Petro atacó el proyecto el 1 de noviembre en la red social X. Dijo que al Gobierno "le tocó bajarle el impuesto a los más ricos" y sostuvo que la carga se traslada a los sectores de menores ingresos y a los trabajadores.
Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), convocó un paro nacional para el 19 de noviembre contra el proyecto.
El camino en el Congreso
Como ley ordinaria, el texto debe superar cuatro debates: primero en las comisiones económicas y luego en las plenarias de la Cámara y del Senado. El Congreso puede modificar, suprimir o añadir artículos, y si las dos cámaras aprueban versiones distintas se necesita una conciliación antes de que el texto llegue a sanción presidencial. El proyecto está, por ahora, en la primera de esas etapas.
Con información de Infobae, El Colombiano y Publimetro.
