España se quedó este martes sin el ministro responsable de la red ferroviaria del país. Óscar Puente anunció su dimisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el último turno de palabra de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados — la sesión convocada justamente para que rindiera cuentas del choque de trenes de Urda, en la provincia de Toledo, que mató a 69 personas el 28 de octubre.
"Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año", dijo Puente a los diputados. Describió la decisión como una cuestión de "dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas".
Horas antes, fuentes del Gobierno sostenían que la dimisión estaba descartada y que el ministro seguiría como cabeza de lista del PSOE por Valladolid en las elecciones generales del 29 de noviembre. Al salir, Puente abandonó también la candidatura.
Dos accidentes, 115 muertes
La cifra que acabó con la carrera ministerial de Puente es la suma de dos tragedias en diez meses en la red española de alta velocidad:
- Adamuz, en la provincia de Córdoba, el 18 de enero de 2026: 46 muertos. Después del accidente, el Gobierno negoció un paquete de medidas con los principales sindicatos ferroviarios, entre ellos Semaf, CCOO y UGT.
- Urda, en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026: 69 muertos y decenas de heridos.
Las 69 víctimas de Urda ya han sido identificadas por el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real: 54 españoles y 15 extranjeros, 40 hombres y 29 mujeres, todos adultos. Las familias y los consulados de los países implicados han sido notificados.
Las causas técnicas de ambos choques siguen bajo investigación. La responsabilidad política que Puente asumió al dimitir no implica responsabilidad penal ni anticipa la conclusión de los peritos.
Lo que dijo el ministro antes de irse
Durante la comparecencia, Puente defendió el sistema ferroviario español, pero reconoció la necesidad urgente de mejorarlo y de revisar sus protocolos de operación. Tres puntos de su intervención:
- Puntualidad frente a seguridad. Negó cualquier instrucción para priorizar el horario: "jamás se me ocurriría decirle a nadie que sacrifique la seguridad en aras a la puntualidad". Según el ministro, Adif, gestora de la infraestructura, niega categóricamente haber emitido instrucciones de ese tipo. Tras Adamuz, añadió, la puntualidad de la red cayó del 75% al 50%.
- La comparación europea. Citando un informe de la Unión Europea, Puente afirmó que España es el quinto país del continente en fallos de los sistemas automáticos de frenado — detrás de la República Checa, Polonia, Suiza e Italia.
- Madrid–Sevilla. La línea donde ocurrió el accidente de Urda no está "ni abandonada ni olvidada", dijo, y recibe 780 millones de euros en obras de renovación.
Las medidas aprobadas el mismo día
Ese mismo 3 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un paquete que Puente presentó al Congreso antes de dimitir: reducción temporal de frecuencias en la línea Madrid–Sevilla, una segunda validación obligatoria para ciertas decisiones de los centros de control, refuerzo de personal, nuevas herramientas tecnológicas, ayudas a las víctimas y un mecanismo para limitar precios de billetes en situaciones de emergencia.
Para la línea Madrid–Barcelona, que también pasará por obras de renovación, el Gobierno se inclina por mantener el servicio en marcha en lugar de suspenderlo — hipótesis que llegó a estudiarse, con una interrupción de alrededor de 12 meses. La decisión final se tomará cuando las obras se liciten el año que viene.
La exigencia de una segunda validación para las decisiones de los centros de control es el punto más revelador del paquete: trata el error humano aislado como un punto único de fallo que hay que eliminar, y no como una causa aún por determinar. Esa fue la crítica que IU, por voz de Toni Valero, llevó al pleno — un sistema que solo es seguro cuando nadie se equivoca no es un sistema seguro.
La reacción en el pleno
La petición de dimisión ya estaba sobre la mesa de casi todas las bancadas. El PP, por la diputada Ester Muñoz, acusó al ministro de no asumir responsabilidad: "Se le da bien explicar por qué muere gente, pero no evitarlo." El PNV, con Mikel Legarda, fue directo. Vox, Podemos y el Frente Amplio de Ada Colau también exigieron su salida; Sumar pidió que ocurriera en un momento elegido por el propio ministro. EH Bildu fue la única fuerza que no reclamó la dimisión, advirtiendo contra atribuir culpas antes del final de las investigaciones.
El PSOE defendió a Puente hasta el final — Patxi López afirmó que el ministro estuvo "donde tenía que estar" el día del accidente. Junts, con Míriam Nogueras, desplazó la cuenta hacia atrás: años de infrainversión y de problemas estructurales de mantenimiento, bajo gobiernos del PP y del PSOE.
Fuera del Congreso, el comité de obras de Adif aprobó una huelga para el 17 de noviembre, todavía no convocada formalmente. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó el paro de "un grave error" y pidió a los sindicatos que lo desconvocaran, al tiempo que afirmó que la tragedia de Urda "no puede despacharse con explicaciones rutinarias".
El debate llega a Bruselas
El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, defendió la instalación del ERTMS — el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario — en todas las líneas del bloque. La Unión Europea estudia también reforzar los poderes de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea.
No se ha anunciado ningún nombre para sustituir a Puente en el ministerio.
Con información de Euronews, Diario de Pontevedra, Orain y El Cronista.
