Las dos federaciones de choferes más grandes del eje La Paz–El Alto anunciaron el viernes que no acatarán el paro nacional de 24 horas convocado para el lunes 28 de septiembre contra el fin de la subvención al diésel, la medida con la que el Gobierno de Rodrigo Paz liberó el precio del combustible hace poco más de una semana.
La Federación Andina Primero de Mayo, de El Alto, fue la primera en desmarcarse. "Hemos dicho que no vamos a acatar el paro de 24 horas", afirmó su dirigente, Eddy Condori, según Visión 360. La Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo, de La Paz, siguió el mismo camino: su director, Edson Valdez, indicó que el sector buscará una mesa con el Ejecutivo en lugar de retirar los vehículos de circulación.
Un alza del 83% en el surtidor
El Decreto Supremo 5716, promulgado el 18 de septiembre de 2026, eliminó la subvención estatal al diésel. El litro pasó de 9,80 a 17,95 bolivianos —un alza del 83%— y quedó atado a la cotización internacional y al régimen cambiario.
Bolivia importa prácticamente todo el diésel que consume y más de la mitad de la gasolina, con una factura semanal cercana a los 55 millones de dólares. Ese gasto, sostenido durante años por el Tesoro, es el que el Gobierno dice haber liberado para obra pública y bonos sociales.
El Ejecutivo defiende la medida con la composición del parque automotor: de los 202.182 vehículos de transporte registrados, 39.880 —el 19,7%— funcionan solo con diésel. Otros 67.815 usan solo gasolina, 29.290 son a gas natural vehicular (GNV) y 65.197 combinan GNV y gasolina. De ahí la cifra que repiten los ministros: el 80,3% del parque no depende exclusivamente del diésel.
El cálculo describe bien el parque y mal el problema. El diésel mueve el transporte pesado y los buses interprovinciales, de modo que su precio se traslada al costo de casi todo lo demás antes de llegar al pasaje urbano.
Acuerdos en Potosí y Sucre, y un segundo decreto
La convocatoria original salió de la Confederación Sindical de Choferes, cuyo dirigente Lucio Gómez había anticipado que "el lunes no habrá transporte público en el país", con alcance urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional.
Esa unidad se rompió en cuatro días. El transporte libre se bajó el jueves por la noche. Las federaciones de transporte pesado de La Paz y Santa Cruz rechazaron participar, y su dirigente Domingo Ramos pidió en cambio una mesa técnica que facilite la importación directa de combustible. En Potosí y Sucre, el Gobierno cerró acuerdos de alzas transitorias de pasajes mientras se completan los estudios de costos, lo que desactivó la protesta en esas ciudades.
El jueves por la noche el Ejecutivo aprobó además el Decreto 5726, que habilita la compra de vehículos para el servicio público y ofrece programas de conversión a GNV y de renovación de flota.
Lo que sigue abierto
No todo el sector cedió. Nelson Carrillo, primer secretario de la Federación de Transporte Pesado, advirtió con bloqueos en frontera si el 5716 no se abroga, y acusó a los dirigentes que negociaron de haber sido "comprados por el Gobierno" con acuerdos y ofertas de representación.
El diálogo formal viene de antes. El 21 de septiembre, los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y de Trabajo, Williams Bascopé, se reunieron en La Paz con dirigentes nacionales del transporte libre y declararon un cuarto intermedio, con el compromiso de instalar mesas técnicas. El dirigente paceño Limbert Tancara resumió entonces la condición del sector: "Si la propuesta del Gobierno no convence al transporte libre, lamentablemente vamos a acatar lo que digan nuestros compañeros de base: entrar en medidas de presión."
Todo esto ocurre bajo un estado de excepción que rige desde hace tres meses, que prohíbe las huelgas y autoriza el despliegue de militares en carreteras.
Con información de Infobae, Opinión (Cochabamba), Visión 360 y La Patria.
