El Gobierno de España aprobó el 29 de septiembre dos decretos leyes de urgencia que cambian las reglas del mercado inmobiliario del país. El paquete amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa de vivienda, crea la renovación automática de los contratos de alquiler residencial y veta la compra de inmuebles por fondos de inversión.
El anuncio llegó una semana después del desahucio de María del Carmen Abascal, de 87 años, sacada en camilla del piso madrileño en el que su familia vivía desde 1956. El caso llevó a decenas de miles de personas a la calle y devolvió las acampadas a la Puerta del Sol.
Un escudo antidesahucios cuatro años más largo
La prohibición de desahuciar a familias vulnerables nació como medida de emergencia de la pandemia, en marzo de 2020, y expiraba el 31 de diciembre de 2026. El texto aprobado la lleva a finales de 2030: dos años más allá de lo que el propio Gobierno había planteado en su borrador inicial, que se detenía en 2028, según eldiario.es.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presentó el dispositivo como el eje del paquete, en respuesta explícita a casos como el de Madrid.
El alquiler que se renueva solo
El segundo decreto —separado del primero precisamente para apoyarse en mayorías distintas en el Congreso— instaura la renovación automática del contrato residencial, inspirada en normas ya vigentes en otros países europeos.
El propietario solo puede negar la prórroga si necesita el inmueble para uso propio o de un familiar. Incumplir la regla obliga a indemnizar al inquilino con el equivalente a un año de alquiler.
Una norma de marzo de 2026 ya permitía prorrogar dos años los contratos con vencimiento hasta finales de 2027, con un tope del 2% de subida anual en ciertos casos.
Fondos, habitaciones y piso turístico
El paquete apunta también a la compra especulativa. Los fondos de inversión quedan impedidos de adquirir inmuebles por menos del 70% del valor del bien, restricción vigente hasta 2028 según eldiario.es, y se reordenó el tratamiento fiscal de las socimis para dirigir el capital a la vivienda asequible.
El alquiler de temporada y el de habitaciones pasan a tener reglas propias, con IVA del 10% para el piso turístico y cierre, por parte de las comunidades autónomas, de los que operan sin licencia. En el otro platillo, el Gobierno creó una deducción en el IRPF para inquilinos que ganan hasta 33.000 euros al año —un ahorro que puede llegar a un mes de alquiler—, préstamos a interés cero para quien compra su primera vivienda e IVA del 4% para vivienda pública y protegida.
El caso que empujó el paquete
El piso de María del Carmen Abascal cambió de dueño en 2018. El alquiler, estable en unos 500 euros al mes, pasó a reclamarse en 2.650 euros, cifra luego rebajada a 1.650. Fue desahuciada el 23 de septiembre y terminó hospitalizada.
El acuerdo cerrado esta semana la devuelve al piso con el alquiler limitado al 30% de su renta, en la práctica de vuelta a los 500 euros. Rodríguez describió a la propietaria, Urbagestión, como "un pequeño fondo buitre, muy depredador".
"Al movimiento ciudadano. A Maricarmen. A las miles de personas en la calle", dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al atribuir el avance a la presión popular.
Lo que todavía falta
Un decreto de urgencia rige desde su publicación, pero caduca si el Congreso no lo convalida en 30 días. La coalición de gobierno tiene 152 de los 350 escaños y depende de Junts y Podemos para sacar adelante los dos textos; el Gobierno pidió un pleno extraordinario para el viernes.
La aritmética explica por qué el paquete se partió en dos: separar la renovación automática del alquiler del resto permite que cada decreto busque su propia mayoría en lugar de arriesgar el conjunto en una sola votación. El Sindicato de Inquilinos de Madrid, acampado en la Puerta del Sol, rechazó justamente esa fragmentación y reclama un texto único.
Con información de La Moncloa, eldiario.es y Associated Press.
