La Policía Nacional y la Guardia Civil de España sacaron este viernes (18) a unos 1.700 migrantes de las playas del Trampolín y de Benítez, en Ceuta, y los trasladaron a un campamento de tiendas montado en la zona del puerto. El operativo comenzó poco después de las 6.30 hora local y concluyó hacia el mediodía.
El traslado transcurrió con tensión. Cuando los grupos procedentes de las dos playas confluyeron, se produjo un tumulto en la playa de Benítez y los agentes dispararon al aire ante la dificultad para contener a la gente, según Euronews. Muchos de los migrantes llevaban unas seis semanas en la calle, a la espera de una plaza en un albergue.
Una cuenta que no cuadra
El problema central del operativo es aritmético. El campamento del puerto tiene capacidad para unas 1.700 personas, mientras que las estimaciones de las autoridades apuntaban a más de 4.000 migrantes solo en las dos playas.
Es el quinto punto de acogida temporal abierto por el Gobierno español desde el inicio de la crisis, y en conjunto suman unas 6.000 plazas. El Gobierno afirma que las nuevas instalaciones ofrecen duchas, baños, comida y camas.
La elección del puerto está cuestionada. Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, afirmó que el "puerto no es un lugar seguro" y advirtió sobre las responsabilidades en caso de que ocurran incidentes. Un tribunal rechazó la petición del sindicato de suspender el traslado.
El trasfondo: 30 de julio
La crisis comenzó en la noche del 30 al 31 de julio, cuando más de 70.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos. La mayoría regresó en los días siguientes, pero miles se quedaron.
Las cuentas difieren: el Gobierno local estima que unas 13.000 personas permanecieron en la ciudad, muy por encima de la cifra que da el Gobierno central. Ceuta tiene unos 80.000 habitantes en 18,5 km², una proporción que ayuda a entender por qué el asunto domina la política española desde entonces.
Cada migrante debe ser identificado individualmente antes de decidir sobre una solicitud de asilo o una devolución, y miles son menores de edad, con protección especial prevista en la ley. Ese trabajo lento explica por qué la situación se arrastra desde julio.
Pelea política
La gestión de la crisis enfrenta al Gobierno socialista de Pedro Sánchez con la administración local, del Partido Popular. Después de que la autoridad portuaria de Ceuta se negara a cooperar, el Gobierno central asumió el control de las instalaciones del puerto, una decisión criticada por la derecha y la extrema derecha.
El vicepresidente del Gobierno local, Alejandro Ramírez, acusó al Gobierno central de improvisar y citó el salto en el número de intervenciones en el puerto, de 80 a más de mil en cincuenta días.
Con información de Euronews, O Tempo, O Povo y La Moncloa.
