El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el lunes 28 de septiembre de 2026 restricciones de visado contra 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a los que atribuye actos de corrupción, vínculos con el narcotráfico o maniobras para socavar gobiernos elegidos democráticamente. La medida fue difundida por la oficina del portavoz y amplificada en redes sociales por el subsecretario de Estado, Christopher Landau.
La mayoría de los sancionados son bolivianos. A Colombia y a Ecuador corresponden dos personas cada uno, y a Perú, un juez. Parte de la lista no fue hecha pública: hay designaciones nominales y otras que el Departamento de Estado mantuvo reservadas.
A quiénes nombró Washington
El nombre de mayor rango es el del fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, a quien el Departamento de Estado acusa de haber abusado de su cargo público solicitando y aceptando sobornos para facilitar el narcotráfico. La lista boliviana incluye además fiscales, jueces, magistrados del Tribunal Constitucional, un coronel de policía y el exministro de Justicia Iván Lima.
En Colombia figuran la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y el empresario del sector energético Euclides Antonio Torres Romero. En Perú, el juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Constitucional de Lima. Los dos ecuatorianos no fueron identificados públicamente.
El argumento del Departamento de Estado
El comunicado encuadra la decisión en el compromiso de Washington de defender la gobernanza democrática en el hemisferio frente a la corrupción y al narcotráfico. Según la versión que recogió El Comercio, de Lima, la medida se inscribe en la alianza hemisférica que la Administración de Donald Trump puso en marcha en marzo de 2026, y su mensaje central es que los funcionarios extranjeros corruptos ya no entran libremente a Estados Unidos.
Una restricción de visado no es una sanción financiera: no congela activos ni prohíbe operar con bancos estadounidenses. Impide la entrada al país, y funciona sobre todo como una designación pública —el costo es reputacional y político, no patrimonial—, aunque suele preceder a medidas más duras cuando la acusación prospera.
"Cooperación, sí; injerencia, no"
Mariaca respondió el mismo lunes invocando la soberanía boliviana y el principio de no injerencia. "Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no", dijo el fiscal general, que negó las acusaciones y afirmó que no retrocederá "ni un centímetro" en las investigaciones a su cargo.
Entre ellas está la causa contra Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz Pereira, detenido en el penal de Chonchocoro y investigado por presunta facilitación del narcotráfico. El vicepresidente Edman Lara presentó el 28 de septiembre grabaciones que, según dijo, muestran coordinación de Cerimedo con exjefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
Bolivia pide las pruebas
El martes 29, el Gobierno boliviano pidió a Washington el sustento de la acusación. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó los señalamientos de muy graves y anunció que solicitarían información y pruebas para investigarlos en el país. El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, dijo que revisarán la lista estadounidense y que actuarán para que los involucrados respondan ante la justicia boliviana.
En paralelo, los presidentes de las dos cámaras del Congreso pidieron a Mariaca apartarse temporalmente del cargo mientras se aclaran las imputaciones. Hasta el cierre de esta edición, los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú no habían fijado una posición oficial sobre la medida.
Con información del Departamento de Estado de Estados Unidos, La Tercera, El Comercio, Visión 360, El Deber, Rio Times y WLRN.
