La Cámara de Diputados de Paraguay fue convocada a sesión extraordinaria para las 10.00 de este jueves 5 de noviembre con un solo asunto de fondo: los pedidos de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, presentados dos días después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) interviniera y resolviera la disolución de ueno bank.
La solicitud fue entregada por los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, y reúne la firma de 35 legisladores entre opositores y colorados disidentes, según Infobae. El fundamento invocado es el "mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo", la fórmula que prevé la Constitución paraguaya. Quien incluyó en el orden del día el pedido referido a Alliana fue el propio presidente de la Cámara, el colorado Raúl Latorre.
La aritmética del jueves
Para que la acusación avance al Senado hace falta una mayoría de dos tercios de la Cámara: 53 de los 80 escaños. Los 35 firmantes, por lo tanto, no alcanzan por sí solos, y el oficialismo tiene en sus manos tanto el resultado como el quórum de apertura de la sesión. Si el pedido pasara esa instancia, la destitución requeriría después 30 de los 45 votos del Senado.
El miércoles, diputados del oficialismo se reunieron con Peña en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga. El contenido de ese encuentro no fue divulgado. ABC Color informó que la oposición y los colorados disidentes suman 35 diputados y que, para abrir la sesión, se necesita la presencia de 41 legisladores en el recinto.
Qué le reprocha la oposición al presidente
Los firmantes atribuyen al Ejecutivo conflicto de intereses, manipulación regulatoria, desvío de fondos previsionales y encubrimiento institucional por parte del Banco Central. Peña fue accionista del grupo propietario del banco hasta abril de 2025, un dato que la oposición usa en su argumentación política.
"El presidente debe irse porque se ha perdido la confianza en él", dijo la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) a ABC Color. "Ya no se trata de dinero, se trata de confianza."
El diputado Raúl Rubín sostuvo que "dos de cada tres paraguayos hoy no pueden hacer uso de su dinero". Peña no respondió públicamente al pedido de juicio político: en la red social X pidió a todos los sectores políticos poner por delante el interés de los ahorristas y afirmó que los responsables de las irregularidades responderán ante la justicia.
El agujero de ueno bank
El BCP ordenó la intervención y disolución del banco en la madrugada del martes 3 de noviembre, después de que su índice de solvencia cayera por debajo del 50% del mínimo legal. El regulador sostuvo que la entidad había concedido préstamos a empresas de su propio grupo por encima de los límites permitidos.
Los números explican el tamaño político del caso. Ueno bank concentraba unos 850 millones de dólares en depósitos del público, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), y tenía alrededor de 3 millones de clientes en un país de 6,4 millones de habitantes. La garantía de depósitos cubre hasta 228.300.000 guaraníes por ahorrista, y el primer desembolso anunciado llega hasta 10 millones de guaraníes, cerca de 1.675 dólares.
La Fiscalía presentó una denuncia de 200 páginas, imputó a 27 personas y detuvo a ocho ejecutivos, entre ellos el presidente del banco, Miguel Vázquez. El titular del Banco Central, Carlos Carvallo, renunció, y el Congreso aprobó a uno de los tres candidatos propuestos por el Ejecutivo para recomponer el directorio del regulador.
Lo que está en juego más allá del jueves
Paraguay tiene un antecedente reciente de juicio político exprés: la destitución de Fernando Lugo en 2012 se resolvió en poco más de 24 horas. Esa memoria pesa sobre la sesión de este jueves, pero la correlación de fuerzas es distinta: el Partido Colorado controla la Cámara, y el diputado Mauricio Espínola planteó el cálculo en términos electorales al advertir que, si Peña no se va, el partido tendría escasas posibilidades de retener la presidencia en 2028.
Con información de ABC Color e Infobae.
