El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, firmó este miércoles el decreto que destituyó al jefe de gabinete de la Presidencia, el general Listyo Sigit Prabowo, un día después de que la Kepolisian Negara Republik Indonesia (Policía Nacional de Indonesia) anunciara que pasó a la condición de sospechoso en un caso de escuchas telefónicas ilegales que habría alcanzado al propio presidente.
El anuncio lo hizo el ministro secretario de Estado, Prasetyo Hadi, en el Palacio Presidencial, en Yakarta. "El presidente ha tomado una decisión y ha firmado un decreto presidencial", dijo. Prasetyo explicó la razón sin rodeos: "uno de los sospechosos en el caso ocupa el puesto de jefe de gabinete de la Presidencia". En su lugar, de forma temporal, fue designado el teniente general Ariyo Windutomo, que encabeza la Secretaría Presidencial.
Qué investiga la policía
La corporación sostiene que las interceptaciones ocurrieron entre 2025 y 2026, cuando Listyo mandaba la Policía Nacional, cargo que ocupó durante cinco años antes de asumir el gabinete presidencial el mes pasado. Según los investigadores, las escuchas se ordenaron sin el procedimiento legal exigido.
Los objetivos reportados van mucho más allá del presidente: ministros, políticos, periodistas, liderazgos de la sociedad civil y ejecutivos de empresas. A finales de octubre, también según la policía, los sospechosos mandaron borrar archivos con las comunicaciones interceptadas para ocultar las pruebas.
El jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Asep Safrudin, afirmó que la operación se llevó a cabo "sin ninguna base legal o sin ningún proceso de investigación o indagación conforme a las leyes aplicables". El ministro superior de Asuntos Jurídicos, Yusril Ihza Mahendra, dijo que el motivo todavía no se ha determinado.
Además de Listyo, fueron señalados como sospechosos Ahrie Sonta Nasution, que encabeza la división jurídica de la Policía Nacional, y Eko Hadi Santoso. Los tres fueron detenidos el domingo, y la policía solo anunció las detenciones la noche del martes. Los delitos en investigación incluyen interceptación ilegal de comunicaciones, acceso no autorizado a sistemas electrónicos y supresión de datos, algunos con penas de hasta diez años de prisión. Ninguno de los tres se ha manifestado públicamente.
El Palacio habla de traición
El portavoz presidencial Prasetyo Hadi atribuyó los actos a "ciertos individuos deshonestos" y fue más lejos en la calificación: lo que se hizo "puede encajar ya en una categoría que puede considerarse un acto que tiende a la traición". Añadió que la conducta también tiende a poner en riesgo los intereses del Estado y "la seguridad del jefe de Estado".
Conviene registrar el peso institucional de la frase: traición, en el vocabulario jurídico indonesio, es una acusación de otro orden que el abuso de autoridad, y parte del palacio, no de los investigadores, que por ahora hablan solo de los delitos previstos en la legislación de comunicaciones y datos.
20.980 militares en Yakarta
En paralelo, las Fuerzas Armadas colocaron más de 20.000 efectivos en la capital. El asistente de operaciones de la Marina, vicealmirante Yayan Sofiyan, dio la cifra exacta: 20.980. La primera fase empezó el lunes, con 2.100 integrantes de unidades ya asentadas en Yakarta; el miércoles llegarían tropas de unidades de infantería de marina y de la Marina, de centros de entrenamiento y de bases navales en Java y en Lampung. Otros 13.140 están en alerta.
Las autoridades no confirmaron ninguna relación entre el despliegue y la investigación, y Sofiyan no explicó su finalidad. El portavoz de las Fuerzas Armadas, mayor general Muhammad Nas, trató el movimiento como rutina: "los despliegues de tropas son algo normal", afirmó, y lo describió como procedimiento estándar de seguridad nacional.
Con información de Antara, Al Jazeera y Associated Press.
