La Contraloría General de la República (CGR) de Chile inició una auditoría en terreno en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para revisar los procedimientos que permitieron rebajar penas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños y adolescentes. El organismo actuó después de recibir denuncias y pedidos de parlamentarios, que alegan que el ministerio no respondió a los oficios de la Defensoría de la Niñez, y solicitó informes formales a la cartera.
56 decretos y hasta 36 meses menos
Entre marzo y septiembre de 2026, el ministerio dictó 56 decretos exentos que recortaron hasta 36 meses de condena. Beneficiaron a 27 personas condenadas por abuso sexual y a 29 condenadas por violación de menores. Al menos 33 de ellas salieron de la cárcel.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no fijó fecha para hacer públicos los 56 decretos y argumentó que debe proteger datos personales: "Tenemos que tener cuidado, porque hay datos ahí sensibles de personas que están amparados por la ley". Sobre la llegada de la Contraloría, dijo que el organismo realiza auditorías de forma habitual y que no considera la visita algo inusual.
Un ministro imputado
Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) presentaron una querella criminal, y la Fiscalía abrió una causa en la que Rabat figura como imputado por presunta prevaricación administrativa. Consultado sobre si debía seguir en el cargo, remitió la decisión al presidente José Antonio Kast.
El vocero de Gobierno en ejercicio, Gonzalo Arenas, afirmó que nadie en el Ejecutivo evalúa un cambio de gabinete y que Rabat cuenta con el respaldo pleno del presidente. El Gobierno anunció además que impulsará una modificación de la legislación que regula estas rebajas.
La acusación constitucional en preparación
La oposición reunió a presidentes de partidos, jefes de bancada y abogados del sector para delinear una acusación constitucional contra el ministro. El exministro de Justicia Jaime Gajardo detalló los capítulos en estudio: la no aplicación de las restricciones aprobadas en 2022, que excluyen de ese beneficio a los condenados por delitos sexuales contra menores —con base en el artículo 52, número 2, de la Constitución, que hace responsables a los ministros por infringir las leyes o dejarlas sin ejecución—; la eventual vulneración de convenciones internacionales de derechos de la niñez; las rebajas concedidas a condenados por delitos de lesa humanidad, que según Gajardo chocan con la jurisprudencia reciente; y una infracción al principio de probidad por haber entregado información errónea a la Cámara de Diputados.
"El gobierno no le puede entregar información errónea a la Cámara de Diputados, bajo ninguna circunstancia", dijo Gajardo, que cifró en 57 el número de agresores sexuales de niños hoy en la calle por efecto de las rebajas: una cuenta propia, superior al número de decretos informado. La presentación del libelo todavía no tiene fecha.
El costo político
La encuesta Cadem difundida el 1 de noviembre mostró la aprobación de Kast en 26%, tres puntos menos que la medición anterior y su nivel más bajo hasta ahora; su promedio de octubre había sido de 30%. El pesimismo sobre el futuro del país llegó al 68%, el valor más alto desde marzo de 2015.
El dato que ordena el conflicto no es la auditoría ni la querella, sino el calendario: los decretos se firmaron a lo largo de siete meses y la Contraloría llegó recién cuando los parlamentarios reclamaron por escrito.
Con información de Infobae y BioBioChile.
