El Senado de Paraguay se constituyó en tribunal para juzgar al presidente Santiago Peña y sus integrantes debían jurar este viernes 6 de noviembre, el mismo día en que el mandatario anunció que comparecerá para defenderse. El proceso avanza aunque Peña anunció el jueves su renuncia: la sesión que debía aceptarla se cayó sin quórum y, al no declararse la vacancia, sigue formalmente en el cargo.
El detonante es el derrumbe de ueno bank, intervenido y disuelto por el Banco Central del Paraguay (BCP) esta semana después de que su índice de solvencia cayera por debajo de la mitad del mínimo exigido.
La renuncia que quedó sin efecto
El jueves al mediodía, mientras los diputados debatían la acusación en su contra, Peña publicó un video en su cuenta de X para anunciar que dejaba el cargo. "He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República", dijo, y añadió que "mi suerte personal no está por encima del Paraguay".
La salida nunca se concretó. La sesión conjunta que debía aceptar la renuncia quedó sin quórum cuando los legisladores colorados abandonaron el recinto. Sin vacancia declarada, el mecanismo constitucional de sucesión no se activó.
La diferencia no es formal. Una renuncia aceptada cierra el expediente político; una destitución por juicio político le quita la inmunidad parlamentaria y le cierra el acceso a la senaduría vitalicia que la Constitución reserva a los expresidentes, además de despejar el camino a eventuales causas penales.
El juicio en el Senado
La acusación llegó a la Cámara de Diputados el miércoles con 35 firmas, presentada contra Peña y contra el vicepresidente Pedro Alliana al amparo del artículo 225 de la Constitución, que habilita el juicio político por "mal desempeño de funciones". El texto habla de un "grave y sistemático mal desempeño" y apunta a conflictos de interés en el caso ueno bank. Peña vendió su participación en ueno Holding en marzo de 2025.
Para girar la acusación al Senado hacían falta dos tercios de los 80 diputados, es decir 53 votos. La Cámara la aprobó por unanimidad de los presentes, con 78 votos a favor, pese a la renuncia anunciada horas antes.
El presidente del Senado, Basilio Núñez, convocó de inmediato a sesión extraordinaria para la noche del jueves. Los diputados fueron reconocidos como fiscales acusadores y la Cámara Alta se constituyó en tribunal. Para declarar culpable al presidente y destituirlo se necesitan dos tercios de los 45 senadores: 30 votos.
Peña confirmó por escrito que se presentará. "Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa", escribió, y anticipó que aportará pruebas, sin precisar cuáles.
Si el Senado lo destituye, Peña será el segundo presidente paraguayo removido por esta vía en la historia reciente, después de Fernando Lugo en 2012.
El derrumbe de ueno bank
La entidad era una de las mayores del sistema financiero paraguayo: hacia septiembre, cerca de dos de cada tres paraguayos eran clientes, unos 2,9 millones de personas, que quedaron sin acceso a sus fondos cuando el BCP ordenó la intervención.
Las cifras públicas comprometidas explican la dimensión política del caso. El banco administraba alrededor de USD 850 millones en fondos del Estado, de los cuales unos USD 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), la caja previsional paraguaya. El Ministerio de Trabajo calcula que unos 7.000 empleos directos e indirectos quedaron afectados.
El BCP anunció un primer pago a los ahorristas de hasta 10 millones de guaraníes (alrededor de USD 1.675), mientras el fondo de garantía de depósitos cubre un máximo equivalente a 75 salarios mínimos por persona. Una ley de emergencia firmada por Peña permite adelantar hasta 40 salarios mínimos mensuales —cerca de USD 19.787— en un plazo de cinco días hábiles.
En el frente judicial, la Fiscalía imputó a 27 personas y pidió prisión preventiva para el fundador y accionista mayoritario, Miguel Vásquez, y arresto domiciliario para otros directivos. Ocho ejecutivos fueron detenidos, entre ellos el presidente de la entidad, Juan Manuel Gustale, y el CEO Federico Miguel Vázquez, antiguo socio de Peña. El fiscal general Emiliano Rolón Fernández ordenó tres investigaciones penales ligadas a la crisis.
La conducción del Banco Central también cambió: Carlos Carvallo —a quien Peña había designado y que presidió la entidad antecesora de ueno— renunció al cargo, y Raúl Vera Bogado fue nombrado en su lugar, a la espera del acuerdo del Senado.
El partido se corrió
Lo que volvió irreversible el proceso fue la posición del Partido Colorado, que controla las dos cámaras. El expresidente Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y padrino político de la candidatura de Peña en 2023, anunció que la bancada acompañaría el juicio político y que el partido no se pondría del lado del "latrocinio" de fondos públicos, privados y de jubilados.
El jueves por la tarde, Cartes se reunió con Alliana para ordenar la sucesión presidencial. El vicepresidente, sin embargo, también figura en la acusación, de modo que su propia continuidad depende de un segundo expediente en trámite.
Con información de ABC Color, Infobae, El Tribuno y El Financiero.
