La Supreme Court —la Corte Suprema de Estados Unidos— despejó el viernes el camino para que el gobierno de Donald Trump entregue a los estados el acceso a una base de datos federal de ciudadanía reconstruida y para que las autoridades electorales crucen sus listas de votantes con ella, cinco semanas antes de las elecciones de medio término.
La orden de emergencia, sin firma, levanta la medida que una jueza federal de primera instancia dictó en junio contra la versión ampliada de SAVE, el Systematic Alien Verification for Entitlements. Tres juezas votaron en contra de manera pública: Ketanji Brown Jackson, que redactó el voto disidente, acompañada por Sonia Sotomayor y Elena Kagan. CBS News informó que la votación fue de 6 a 3. El expediente es el 26A308 y enfrenta a la League of Women Voters (Liga de Mujeres Votantes) con el Department of Homeland Security (DHS, el ministerio de seguridad interior).
Qué es la base de datos y qué cambió
El Congreso creó SAVE en 1986 como una herramienta migratoria: una forma de comprobar, de una persona a la vez, si quien solicitaba un beneficio público estaba legalmente en el país. Responde una pregunta estrecha sobre un individuo con nombre y apellido, en un momento determinado.
La versión en disputa es mucho más grande. En 2025 el gobierno incorporó al sistema los registros de la Social Security Administration (la administración de la seguridad social) y lo abrió a búsquedas masivas, de modo que un estado pueda enviar su padrón completo y recibir un veredicto por cada nombre. Oficinas electorales de varios estados ya lo pidieron.
Según la orden, los estados pueden hacer consultas, pero otra norma federal sigue prohibiendo las depuraciones sistemáticas del padrón dentro de los 90 días previos a una elección.
La pelea por la exactitud
La disputa no es tanto sobre si los estados pueden verificar la ciudadanía, sino sobre si este sistema en particular acierta.
En el condado de Travis, en Texas, los funcionarios que revisaron los nombres que SAVE marcó como extranjeros encontraron que entre el 10% y el 21% de ellos eran, en realidad, ciudadanos estadounidenses, en la mayoría de los casos ciudadanos naturalizados cuyos registros no se habían actualizado. La propia auditoría de Georgia halló 20 extranjeros entre 8,2 millones de votantes registrados. Las investigaciones federales en todo el país produjeron unas 160 detenciones.
La League of Women Voters y el Electronic Privacy Information Center, que demandaron en septiembre de 2025, sostienen que el sistema reconstruido viola la Social Security Act (la ley de seguridad social), la Privacy Act (la ley de privacidad) y el derecho administrativo. Su abogado dijo al tribunal que el gobierno había "creado de manera temeraria una base de datos maestra de ciudadanía llena de errores que pone en peligro la privacidad de millones de estadounidenses".
Las dos posiciones
La mayoría escribió que los argumentos de los demandantes probablemente carecen de mérito y que el Congreso había "autorizado de forma separada y expresa al DHS a solicitar y recibir información relativa a la ciudadanía". La orden también reprochó a la decisión anterior haber apartado al gobierno de la herramienta que consideraba mejor: "La orden de instancia inferior impide al gobierno federal usar el programa que cree más adecuado para la tarea".
El voto disidente de Jackson invirtió la balanza. Al comparar un error con una demora, escribió que "el daño causado por dificultar el voto de unos pocos votantes legítimos, o privarlos de él, pesa más que el daño inexistente" de mantener la medida mientras el caso se resuelve.
Cómo llegó hasta aquí
La jueza federal Sparkle Sooknanan bloqueó la ampliación el 22 de junio, al concluir que el gobierno había "pisoteado a sabiendas los derechos de privacidad de ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el derecho sagrado al voto". El 4 de septiembre, un panel dividido del tribunal de apelaciones de Washington se negó, por 2 a 1, a suspender su decisión. El Departamento de Justicia acudió a la Corte Suprema, calificó la medida de indefendible y sostuvo que los demandantes no tenían legitimación alguna para litigar; la mayoría rechazó ese último argumento pero le dio la razón al gobierno en el fondo.
La orden del viernes es provisoria en su forma y decisiva en su oportunidad. No resuelve nada en definitiva —el litigio continúa—, pero fija qué reglas rigen los padrones de una elección que ya está en marcha en los estados con voto anticipado.
Con información de SCOTUSblog, CBS News, NPR, Roll Call, Ballotpedia y OPB.
