La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este martes al gobierno federal a volver a deportar inmigrantes a países que no son el suyo, al congelar la decisión de un juez de primera instancia mientras los magistrados examinan el caso a fondo.
La resolución, dictada el 29 de septiembre de 2026, concedió la solicitud de suspensión presentada por el gobierno en el caso Department of Homeland Security v. D.V.D., n.º 26-426, y dejó sin efecto la sentencia del 25 de febrero de 2026 del tribunal federal de primera instancia del Distrito de Massachusetts. En el mismo acto, la Corte aceptó revisar el fondo del asunto y fijó la audiencia oral para diciembre.
Tres magistradas —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— habrían rechazado la solicitud. Ninguna redactó un voto particular, de modo que la resolución no expone fundamentos de ninguna de las dos partes.
El fallo que quedó suspendido
El juez Brian Murphy había concluido que la directriz del gobierno sobre las llamadas expulsiones a terceros países no daba a las personas una oportunidad real de alegar que sufrirían tortura o persecución en el país al que estaban a punto de ser enviadas. Su fallo exigía notificación previa y la posibilidad de ser oído antes de que la expulsión se ejecutara. Ese requisito queda ahora suspendido.
El caso llegó a los magistrados tras semanas de idas y venidas en la vía de urgencia. El gobierno pidió el 24 de septiembre que la Corte levantara las restricciones, y los abogados de los inmigrantes solicitaron el 28 de septiembre que se mantuviera el fallo de primera instancia. La suspensión resuelve ese pulso a favor del gobierno, por ahora.
Lo que la Corte aceptó decidir
La lista de resoluciones del día enumera las cuestiones que los magistrados examinarán en diciembre:
- si el tribunal de primera instancia tenía competencia sobre las demandas;
- si podía dictar una declaración de derechos con alcance colectivo y anular el acto con base en la Administrative Procedure Act (la ley federal que rige los actos de la administración);
- si la directriz del gobierno sobre expulsiones a terceros países vulneró la legislación migratoria, garantías constitucionales o acuerdos internacionales.
Las dos primeras tratan del poder de un solo juez federal para frenar una política nacional, una cuestión a la que la Corte ha vuelto una y otra vez durante este gobierno. Solo la tercera alcanza la política en sí.
La práctica en discusión
Una expulsión a un tercer país envía a la persona a un Estado que no es el de su nacionalidad ni, en la mayoría de los casos, un lugar donde haya vivido. Se recurre a ella cuando el país de origen se niega a recibir de vuelta al deportado. Según Roll Call, ya se ha expulsado a personas bajo esta política a destinos como El Salvador, Libia y Sudán del Sur.
La ley federal estadounidense prohíbe enviar a alguien a un país donde probablemente será torturado. La posición del gobierno es que una garantía genérica ofrecida por el Estado de destino cumple ese requisito. Los demandantes sostienen que una promesa dada en abstracto no responde al alegato concreto de una persona sobre lo que le ocurriría al llegar, y que por eso la audiencia es necesaria.
Lo que viene ahora
Una suspensión no es una decisión de fondo. Refleja el juicio de la Corte sobre quién debe soportar el riesgo de un error mientras el caso avanza, y aquí ese juicio pesó en contra de los inmigrantes amparados por la demanda colectiva. La práctica puede reanudarse de inmediato; el fallo definitivo se espera antes del final del año judicial, en junio de 2027.
Con información de la lista de resoluciones de la Corte Suprema de Estados Unidos del 29 de septiembre de 2026, de Roll Call y de SCOTUSblog.
