La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el lunes al gobierno de Donald Trump a reanudar la construcción de barreras fronterizas y caminos de acceso en la región de Big Bend, en el oeste de Texas, al levantar el interdicto de un tribunal de distrito que mantenía las obras paralizadas desde comienzos de octubre.
La orden no lleva firma y no resuelve nada sobre la legalidad de la construcción: suspende el interdicto mientras el juicio de fondo continúa. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única integrante del tribunal que dejó constancia de que habría rechazado el pedido del gobierno.
Lo que había decidido la jueza de distrito
La jueza federal Kathleen Cardone, con sede en El Paso, falló el 2 de octubre contra el Department of Homeland Security (el departamento de seguridad interior) y prohibió la construcción "hasta que, y a menos que" el departamento cumpliera con las leyes ambientales y otras normas federales. Su lectura de la facultad de dispensa fue estrecha: la ley, según ella, permite dejar de lado las regulaciones en "áreas de alta entrada ilegal", y Big Bend no reúne esa condición.
La geografía es parte del argumento. El tramo de Big Bend abarca 517 millas (832 kilómetros), más de una cuarta parte de toda la frontera entre Estados Unidos y México, y registra la menor cantidad de detenciones de cualquier sector de la frontera sur.
La ley de 1996 que define el caso
Dos secretarios de seguridad interior —Kristi Noem y luego el actual, Markwayne Mullin— firmaron dispensas que dejaron sin efecto decenas de normas ambientales y de conservación para el proyecto. Ambos se apoyaron en la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act de 1996 (ley de reforma de la inmigración ilegal y de responsabilidad del inmigrante), que el departamento interpreta como una autorización para dispensar todos los requisitos legales que considere necesarios para construir barreras y caminos a lo largo de la frontera.
La mayoría escribió que la ley muestra "una clara preferencia por la construcción expedita en la frontera", y sostuvo que el gobierno tenía probabilidades "extremadamente altas" de ganar su argumento de que una impugnación de este tipo exige una violación constitucional y no una discrepancia sobre cómo leer una ley. La orden de Cardone, dijo el tribunal, "obstaculiza al Gobierno" en la defensa de sus "intereses imperiosos" en materia de seguridad fronteriza, y ese interés "supera cualquier daño estético, recreativo y ambiental alegado por" los demandantes. El tribunal también consideró que el gobierno sufre un "daño permanente" por el costo de una obra detenida a medio camino.
Qué está previsto y quién demandó
El trabajo en disputa forma parte de un tramo de más de 500 millas (805 kilómetros) de barreras, cámaras y sensores que atraviesa el Parque Nacional Big Bend. La demanda fue presentada por el Center for Biological Diversity (centro para la diversidad biológica), Friends of the Ruidosa Church y un guía de río y propietario de tierras de la zona de Big Bend.
Eric Glitzenstein, abogado de los demandantes, había advertido a los jueces que levantar el interdicto permitiría al gobierno "reanudar de inmediato las detonaciones, el desmonte con máquinas y la construcción de caminos". Laiken Jordahl, responsable de tierras públicas del Center for Biological Diversity, calificó la decisión de "horrorosa" y recordó que el tribunal resolvió solo sobre el interdicto y no sobre el fondo del caso.
Una sola cifra sostiene toda la disputa, y las dos partes la leen en sentidos opuestos: 517 millas de frontera con los números de detenciones más bajos del sistema. Para el gobierno, es un hueco que hay que cerrar antes de que sea aprovechado. Para los demandantes, es la prueba de que la condición de "alta entrada ilegal" que exige la ley nunca se cumplió en Big Bend.
Con información de UPI y El Paso Times (USA TODAY Network).
