Un día antes de entrar en vigor, un tribunal federal de Massachusetts suspendió en todo el país la norma del Department of Homeland Security (el ministerio de seguridad interior de Estados Unidos) que habría puesto fin a la estancia abierta de la que gozan los estudiantes extranjeros en Estados Unidos desde hace cuatro décadas.
La decisión, del 14 de septiembre de 2026, mantiene en pie el régimen de "duration of status" — por el cual el titular de una visa F-1 es admitido por el tiempo que dure el programa académico, y no hasta una fecha sellada en el pasaporte. La regla suspendida se había publicado en el Federal Register (el diario oficial estadounidense) el 17 de julio, con vigencia fijada para el 15 de septiembre.
Qué haría la norma
El gobierno proponía sustituir la estancia abierta por plazos fijos:
- Visas F (estudiantes): admisión de hasta cuatro años, según la duración del programa.
- Visas J (visitantes de intercambio): admisión por el tiempo del programa, más una ventana para salir del país.
- Visas I (corresponsales extranjeros): hasta 240 días, con condiciones más estrechas para portadores de pasaporte de China.
Quien necesitara más tiempo — un doctorando cuya investigación se extiende más allá del cuarto año, un corresponsal en un puesto de varios años — habría tenido que pedir una prórroga y esperar su resolución.
La escala es lo que volvió polémica la norma. El propio análisis del gobierno contó más de 1,8 millones de entradas en estatus F, más de 500.000 en estatus J y unas 37.330 en estatus I en el año fiscal 2024, y calculó el costo de la regla entre 443,1 y 448,6 millones de dólares anuales en la década de 2027 a 2036.
Por qué el tribunal la frenó
La demanda la presentaron entidades de educación superior y organizaciones de defensa de derechos, y el tribunal consideró que tienen buenas posibilidades de ganar con base en el Administrative Procedure Act (la ley que rige el procedimiento administrativo federal estadounidense) — la norma que obliga a una agencia federal a mostrar su razonamiento.
Según la resolución, el gobierno probablemente falló en cuatro puntos: un análisis de costo-beneficio insuficiente, la falta de un examen serio de alternativas, una respuesta inadecuada a los casi 22.000 comentarios recibidos en la consulta pública y la ausencia de una conexión racional entre la regla y los objetivos que decía servir.
Es una derrota procesal, no de fondo. Nada en la resolución dice que el gobierno no pueda adoptar plazos fijos de admisión; dice que este intento no se explicó lo suficiente para sobrevivir.
Qué sigue vigente
Dos cosas no cambiaron. Las restricciones al Curricular Practical Training (la autorización de trabajo ligada a las materias del programa) siguen en vigor, de modo que la decisión no restaura por completo el escenario anterior a 2026. Y las reglas sobre traslado de institución, cambio de programa y entrenamiento práctico continúan como estaban.
Para el cerca de 1,5 millón de personas en estatus F y J en el país, el efecto práctico es que el sello de admisión en el pasaporte sigue diciendo "D/S" — y que una segunda versión de la norma, mejor fundamentada, es el desenlace más probable, no el abandono de la idea.
Con información del Federal Register, Envoy Global y Corporate Immigration Partners.
