El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó este martes 29 de septiembre por seis meses el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés) que opera en Haití. La autorización, que vencía ahora, se extiende hasta el 31 de marzo de 2027.
La votación fue de 13 a favor y ninguno en contra, con las abstenciones de Rusia, China y Pakistán, que cuestionaron la eficacia del despliegue. Ninguno de los tres recurrió al veto, de modo que la resolución quedó aprobada.
Una fuerza que llegó a un tercio de lo previsto
La GSF fue autorizada en septiembre de 2025 por un periodo inicial de doce meses, en sustitución de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad que había encabezado Kenia. El diseño aprobado entonces contemplaba 5.500 uniformados y 50 civiles.
Ese número sigue lejos. Según el recuento citado en el debate, la fuerza tiene hoy alrededor de 1.500 efectivos —cerca del 30% de lo autorizado—, y se esperan unos 4.000 más en los próximos meses. La agencia EFE situaba el despliegue por debajo de los 1.000 efectivos en julio de 2026, lo que da la medida de cuán lento ha sido el envío de contingentes.
Los países que han aportado personal son Chad, Mongolia, Jamaica, Guatemala, El Salvador y Sri Lanka. Es una lista corta para un mandato de este tamaño: la brecha entre lo autorizado y lo desplegado es el dato que atraviesa toda la discusión sobre Haití, porque una fuerza al 30% no cubre el territorio que el mandato le asigna.
Lo que la prórroga tiene que sostener
La violencia armada no ha cedido. Más de 1,5 millones de personas están desplazadas de sus casas dentro del país, y entre abril y junio de 2026 se documentaron 1.408 asesinatos y más de 650 heridos vinculados a los grupos armados.
El calendario político agrega presión. Haití tiene previstas para el 13 de diciembre de 2026 sus primeras elecciones presidenciales y legislativas desde 2016, junto con un referéndum constitucional. Son once semanas entre la votación de este martes y esa fecha, y el mandato renovado vence poco más de tres meses después de los comicios.
El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, defendió el enfoque de la fuerza y le puso un límite: "Todo está diseñado con un objetivo final: que los haitianos recuperen el control de su seguridad y su futuro. Esto no puede convertirse en una misión sin fin". Waltz sostuvo además que la GSF se distingue de los despliegues anteriores porque puede coordinar con el ejército haitiano u operar por su cuenta, y no solo respaldar a la policía.
La lectura de Puerto Príncipe
El gobierno haitiano celebró la decisión. La Presidencia la describió como un avance importante para seguir restableciendo la seguridad en el país, y subrayó que el apoyo internacional "debe complementar, no reemplazar" el fortalecimiento de las capacidades propias.
Las autoridades haitianas informaron que más de 2.000 policías han sido formados y que hay 1.500 reclutas militares en instrucción, con la meta de llegar a 15.000 soldados en tres años. "La lucha por la seguridad continúa. El Estado haitiano está decidido a ganarla", señaló el comunicado oficial.
Con información del Consejo de Seguridad de la ONU, la Presidencia de Haití, EFE, Listín Diario, Diario Libre y Al Jazeera.
