Las bancadas de oposición de Chile preparan una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, por los decretos que redujeron la pena de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. El escrito podría presentarse esta semana ante la Cámara de Diputados, según informó el portal Nuevo Poder, que advierte que la fecha es todavía un plan y no una definición cerrada.
El caso se transformó en la peor crisis del gobierno de José Antonio Kast, que asumió en marzo. El presidente reconoció que hubo un error, pero mantiene a Rabat en el cargo.
Qué dicen los decretos
El medio Interferencia reveló el 21 de octubre de 2026 que el Ministerio de Justicia había acortado la condena de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Según la misma investigación, por vía administrativa también se rebajó la pena de tres condenados por violaciones a los derechos humanos y de tres venezolanos que declararon pertenecer al Tren de Aragua.
El beneficio existe desde 2003 y descuenta meses de pena a los internos con conducta sobresaliente. Funciona en tres pasos: una comisión regional evalúa al condenado y propone la rebaja; la secretaría regional ministerial (Seremi) revisa si corresponde alguna prohibición legal; y el ministerio, en Santiago, firma el decreto que aprueba o rechaza. Una modificación de 2022 excluyó del beneficio a los condenados por ciertos delitos sexuales, entre ellos los cometidos contra menores.
Al revisar los decretos firmados entre marzo y septiembre de 2026, Interferencia encontró 22 rechazos en casos donde la Seremi no había visto impedimento legal —nueve firmados por Rabat y trece por el exsubsecretario Luis Silva como ministro en ejercicio— y once aprobaciones en expedientes donde la Seremi había advertido que sí podía existir una prohibición: siete llevan la firma de Rabat, tres de Silva y una del subsecretario Pablo Mira.
Dos de esos casos involucran delitos sexuales contra menores. Son los decretos 2075 y 2126, de julio de 2026, en los que la Seremi del Biobío alertó por escrito que la prohibición de 2022 podía aplicarse. El ministerio desestimó la advertencia con el argumento de que la norma no puede regir para delitos cometidos antes de su entrada en vigor.
La defensa del ministro
Rabat sostiene que el Congreso no incluyó una norma transitoria que aclarara si el cambio de 2022 era retroactivo. Afirma que el primer recurso de amparo se presentó una semana después de que la ley empezara a regir, que los tribunales resolvieron que no era retroactiva y que más de 430 fallos dictados hasta 2026 aplicaron el mismo criterio. Añade que está obligado a cumplir las sentencias de la Corte Suprema que ordenan conceder el beneficio.
En la Cámara, el 28 de octubre, el ministro declaró: «No se me ha reprochado ni una sola infracción de ley ni de la Constitución». T13 informó que Rabat recibió al menos tres advertencias internas —en febrero, abril y mayo— que recomendaban fijar un criterio firme o no otorgar esas rebajas, y que no informó al presidente.
La Cámara pidió su salida
Ese mismo 28 de octubre, tras una sesión especial, la Cámara aprobó un proyecto de resolución —sin efecto vinculante— que pide a Kast solicitar la renuncia de Rabat y de dos subsecretarios. Lo respaldaron seis diputados de Chile Vamos y casi toda la bancada del PDG; el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y la diputada de RN Ximena Ossandón se abstuvieron.
«Vulneraron los derechos de los niños», dijo la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans. Dos días antes, los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) habían presentado una querella criminal contra el ministro por prevaricación.
La acusación constitucional es redactada en conjunto por abogados de varias bancadas, con los diputados Raúl Soto (PPD) y Daniela Serrano (PC) como voceros. Para aprobarla, la oposición necesita votos más allá de sus propias bancadas y negocia con el PDG y con sectores de Chile Vamos.
El costo político
Una encuesta de Cadem difundida el 27 de octubre midió 94% de desacuerdo con que se concedan rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, dos puntos más que en el sondeo anterior, y 90% que considera que nunca deberían recibir ese beneficio. La gestión de Rabat en el caso es desaprobada por 77% y aprobada por 12%; 64% rechaza la decisión de Kast de mantenerlo.
La aprobación del presidente quedó en 29%, su nivel más bajo desde que asumió y la primera vez que baja del 30%, con 66% de desaprobación.
Interferencia advierte que los decretos, por sí solos, no establecen que las rebajas hayan sido ilegales: eso corresponde determinarlo a los tribunales y al Congreso.
Con información de Interferencia, CNN Chile, T13, BioBioChile, Pauta, Nodal y Nuevo Poder.
