Unos 30 maestros y estudiantes fueron detenidos el martes 10 de noviembre de 2026 en La Paz, en el segundo día del paro de 48 horas convocado por el Sindicato de Maestros Urbanos de Bolivia contra el cambio que el Gobierno de Rodrigo Paz quiere introducir en la administración de los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos. Un recuento preliminar de la prensa local elevó la cifra a unas 35 personas, en su mayoría estudiantes.
Los detenidos fueron llevados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y deben comparecer ante la autoridad competente. La Policía actuó amparada en el estado de excepción vigente en el país.
Cómo fue la jornada
Los incidentes más fuertes ocurrieron en la carretera que une La Paz con El Alto, donde maestros y estudiantes del Instituto Técnico Pedro Domingo Murillo y de otros centros técnicos bloquearon el carril de subida, a la altura de Achachicala y la avenida Chacaltaya, con troncos, piedras, llantas y fogatas. La Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) despejó la vía con agentes químicos y gases lacrimógenos; los manifestantes se replegaron a las calles vecinas y lanzaron objetos contra los policías.
En el centro de La Paz, los maestros intentaron llegar al Ministerio de Educación, en la avenida Arce, y un cordón policial se lo impidió, con empujones y tensión. En la plaza del Estudiante la Policía usó gas pimienta para dispersar una marcha. Más tarde, un grupo trató de aproximarse a la Felcc para exigir la liberación de los detenidos y también fue dispersado. Hubo movilizaciones en Cochabamba —donde la Policía frenó una marcha en la avenida Ayacucho—, Santa Cruz y Sucre.
El comandante policial Ricardo Terrazas dijo que maestros y estudiantes estaban "extremadamente agresivos lanzando piedras a los vehículos". No se reportaron heridos. El paro se cumplió solo de manera parcial en el resto del país.
Qué está en discusión
La propuesta del Gobierno traslada la administración y las competencias de los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos a las gobernaciones departamentales. Los sindicatos sostienen que eso abre la puerta a la privatización de la educación, pone en riesgo la estabilidad laboral y puede desviar recursos. El Gobierno niega que exista un plan de privatización y afirma que mantendrá el proceso de diálogo: el ministro de Educación, Erick Sanjinés, reiteró la convocatoria a la dirigencia del magisterio.
La dirigente nacional Shirley Bonilla afirmó que el sector no aceptará las iniciativas oficiales y que seguirá la presión. Los sindicatos rechazaron la semana pasada la invitación al diálogo, pidieron la renuncia de Sanjinés y anunciaron un paro de tres días para la próxima semana. Sectores afines al expresidente Evo Morales dijeron que se sumarán a las protestas.
El telón de fondo
El pliego incluye un aumento salarial: los maestros alegan que el costo de la canasta básica subió. Lo vinculan al recorte de subsidios a los combustibles, que redujo la ayuda a la gasolina y eliminó el subsidio al diésel, una de las medidas centrales del primer año de gestión de Paz, que se cumplió esta semana.
El estado de excepción está vigente desde junio, cuando se decretó tras los bloqueos de carreteras ligados a la crisis económica, y fue prorrogado por tres meses en septiembre. Es el marco legal con el que la Policía justificó los arrestos del martes.
Con información de Infobae, EFE y Red Uno.
