La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de México ordenó el cierre temporal y parcial del depósito de jales de la mina Sabinas, en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, después de constatar que los residuos de la operación se esparcieron por 13,58 kilómetros de un arroyo intermitente hasta llegar al río Súchil, de caudal permanente.
La mina es subterránea, extrae plomo, cobre y zinc y es operada por Industrias Peñoles, del Grupo BAL. Los jales son el residuo fino que queda después de triturar la roca para separar los metales.
Doce días entre la inspección y el cierre
La secuencia que describen las autoridades empieza el 8 de octubre, cuando inspectores de la Profepa acudieron a la zona de San Martín, en Sombrerete, a partir de una denuncia de un comité de vigilancia ambiental. En el recorrido encontraron lodos residuales en varios puntos del terreno, desde las instalaciones de la mina hasta la comunidad de Estación de Canutillo, en el municipio zacatecano de Chalchihuites, próximo a la frontera con Durango.
El cierre temporal y parcial del depósito se ordenó el 20 de octubre, doce días después de esa inspección. Los resultados del recorrido no se hicieron públicos en ese intervalo, un punto que las comunidades de la zona reclaman.
El río Súchil nace en Sombrerete y corre hacia el noreste, hacia el municipio duranguense de Súchil. La Profepa dio aviso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que evalúe el daño al cauce permanente; hasta ahora no se ha difundido una resolución de ese organismo.
Las medidas impuestas a la empresa
Junto con la clausura parcial, la autoridad ordenó a Industrias Peñoles un paquete de medidas de seguridad que dice que supervisará:
- cubrir la presa de jales para impedir nuevos arrastres;
- contener y controlar el material ya desplazado;
- drenar y limpiar las lagunas de sedimentación acumuladas;
- hacer la caracterización ambiental que determine el alcance real de la contaminación;
- limpiar los 13,58 kilómetros de cauce afectado.
La Profepa sostiene que hacen falta estudios para medir la extensión del daño y sus efectos sobre el entorno natural. En los reportes consultados no aparece una respuesta pública de la empresa.
La disputa por la causa
La autoridad atribuyó el desplazamiento del material a las lluvias registradas en la zona. Esa explicación es el centro de la objeción que hizo pública esta semana la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), que pide una investigación independiente.
La organización argumenta que la lluvia es un fenómeno previsible y que el diseño, la operación, el mantenimiento y la seguridad de los contenedores de jales son responsabilidad de la empresa, de modo que atribuir el derrame al clima "diluye las responsabilidades corporativas". Para la red, el episodio no es un "accidente aislado", sino un problema del modelo extractivo.
Su pliego de exigencias incluye verificar si hubo fallas estructurales previas en los depósitos, publicar el acta de inspección y el registro de denuncias ciudadanas recibidas, difundir los análisis de caracterización de los jales en la cuenca, revisiones de salud preventivas para los habitantes de las comunidades cercanas y sanciones administrativas y penales efectivas contra la empresa y sus directivos. También pide que se investigue si hubo omisiones de los inspectores federales antes y después de la falla de contención.
REMA sostiene además que retirar el lodo visible del arroyo no basta, porque no repara el río Súchil ni descarta que queden metales en el suelo.
Lo que todavía no se sabe
Dos datos siguen sin aparecer en la información oficial difundida: el volumen de jales que salió del depósito y el tiempo durante el cual el material estuvo expuesto. Sin ellos no es posible dimensionar el daño ni calcular la escala de la remediación que se ordenó.
Los reportes desde la zona señalan afectación a la vegetación y la fauna a lo largo del trayecto hacia Estación de Canutillo, y el temor de los habitantes a que el vertido alcance el agua de consumo y las tierras de cultivo vecinas.
Con información de Infobae México y Proceso.
