La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México respondió al anuncio del estado de Texas de que nueve islas del río Bravo son propiedad estatal, y sostuvo que un gobierno estatal no tiene competencia para decidir por dónde pasa el límite internacional. "La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal", señaló la cancillería, que precisó que el trazo está fijado por tratado y que solo un organismo binacional puede aplicarlo.
La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, había informado el 26 de octubre de 2026 que la Oficina General de Tierras del estado (GLO, por su sigla en inglés) identificó nueve islas del río Bravo como propiedad de Texas. Las parcelas suman unas 26,7 hectáreas y están ubicadas en el tramo entre Laredo y McAllen.
Un pedido de la patrulla fronteriza
Según la GLO, la revisión se inició a partir de una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) sobre 28 islas de ese mismo tramo. Las nueve declaradas estatales eran hasta ahora terrenos sin reclamo o sin propiedad establecida.
Texas sostiene que el reconocimiento habilita al Departamento de Seguridad Pública del estado y a sus fuerzas militares estatales a ingresar en esas islas para patrullajes, inspecciones y trabajos de limpieza de vegetación. El estado invoca el riesgo de narcotráfico, contrabando y trata de personas, aunque Buckingham reconoció que las autoridades no han confirmado actividad delictiva en ninguna de las nueve parcelas.
Qué dice el tratado de 1970
La SRE apoyó su respuesta en el Tratado de Límites firmado el 23 de noviembre de 1970 y vigente desde el 18 de abril de 1972. El acuerdo establece que, en el río Bravo, la frontera internacional corre por el centro del cauce normal del río, con independencia de a quién perteneciera antes cada porción de terreno.
De ese tratado se desprende el punto central del reclamo mexicano: la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el organismo binacional creado para aplicarlo, es la única con facultades para determinar de qué lado de la frontera queda cada isla. La cancillería agregó que el tratado prohíbe a cualquiera de los dos países ejecutar obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el flujo normal del río —una objeción que apunta directamente a los trabajos de limpieza anunciados por Texas.
México informó que seguirá de cerca cualquier acción en la zona y que mantendrá el diálogo bilateral a través de los mecanismos previstos en el tratado.
No es el primer episodio
El movimiento repite un precedente de la propia GLO. En septiembre de 2023, Buckingham declaró que la isla Frontón, en el condado de Starr y de unas 69 hectáreas, era propiedad de Texas. Las fuerzas estatales ejecutaron después la llamada "Operación Flat Top", que retiró la vegetación del islote para facilitar la vigilancia.
El río Bravo es un límite móvil: su cauce cambia con las crecidas y arrastra sedimento, de modo que las islas aparecen, crecen y desaparecen. Por eso el tratado de 1970 atribuyó a un organismo binacional —y no a la autoridad de ninguno de los dos lados— la tarea de decir dónde está la línea cada vez que el río se mueve.
Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, La Razón, El Imparcial e Infobae.
