El Congreso Nacional de Honduras aprobó esta semana, en un solo debate y con 119 votos a favor, la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas. La norma endurece las condenas por delitos de criminalidad organizada, recorta beneficios penitenciarios y amplía las facultades de la policía durante los operativos. Según la Televisión Nacional de Honduras (TNH), que informó de la aprobación el 28 de octubre, la sesión duró más de dos horas y diputados del partido Libre se abstuvieron de votar.
La ley reforma siete artículos del Código Penal —el 30, el 81, el 193, el 195, el 570, el 587 y el 588— y siete del Código Procesal Penal: el 170, el 177, el 184, el 186, el 191, el 212 y el 285.
Qué cambia en las penas
La sanción más alta es la privación de libertad de por vida, y alcanza a tres supuestos: los cabecillas de las estructuras criminales, quienes reclutan a menores de edad para maras, pandillas o asociaciones terroristas, y el asesinato de funcionarios de los sistemas de justicia y seguridad cometido en relación con el cargo. En este último caso la pena va de 40 años de prisión a la condena perpetua.
Las dos fuentes consultadas describen de manera distinta a quién alcanza la franja de 30 a 40 años. La TNH afirma que las condenas por terrorismo pasan de 15 a 20 años a entre 30 y 40; la agencia EFE sitúa ese rango para los integrantes de pandillas y añade un aumento de 8 a 10 años por atentados contra la autoridad. El texto definitivo del decreto, aún no publicado, fijará el alcance exacto.
A los condenados por los delitos de la ley se les excluyen la libertad condicional y la preliberación. La asociación terrorista pasa a tener prisión preventiva obligatoria.
Más tiempo para el fiscal y allanamientos sin orden
El plazo para presentar un requerimiento fiscal tras una detención se amplía de 24 a 48 horas. Según EFE, el nuevo plazo se aplica a los detenidos por asociación terrorista, narcotráfico, secuestro y extorsión. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, dijo que el cambio busca dar más tiempo para reunir pruebas.
La ley también contempla allanamientos sin orden judicial en operaciones interinstitucionales. Zambrano sostuvo que esas intervenciones tendrán coordinación y acompañamiento de un fiscal, y que la facultad no es "un cheque en blanco para un policía". "Desde este Congreso no vamos a descansar hasta que Honduras recupere la paz y la seguridad", afirmó, según la TNH.
Dentro de las cárceles se refuerzan la disciplina y la vigilancia en los módulos de máxima seguridad, con sanciones para los reclusos que incumplan las instrucciones de las autoridades penitenciarias. EFE añade la creación de una Fuerza Especial Penitenciaria y la instalación de controles biométricos. Parte de las modificaciones responde a solicitudes del Instituto Nacional Penitenciario.
Una cárcel con el Cecot como modelo
El Parlamento pidió a la Secretaría de Finanzas buscar fondos para construir una cárcel de máxima seguridad con capacidad para unos 1.300 presos de alta peligrosidad. La ubicación no está definida: entre las opciones que se estudian figura el complejo penitenciario de La Acequia, en el departamento de Santa Bárbara, cuyas obras empezaron en 2013 y quedaron paralizadas en 2016.
El modelo declarado es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, inaugurado en 2023. Una delegación encabezada por Zambrano lo visitó a mediados de octubre. En septiembre, Honduras ya había reformado cuatro leyes del sistema de seguridad para retomar el control de los penales y había declarado a las pandillas "asociaciones terroristas".
El país registró 2.629 homicidios en 2025, según cifras oficiales. Las autoridades calculan en unos 40.000 los jóvenes y adultos vinculados a pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18.
Las dudas
Juan Carlos Monge, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, dijo a EFE que "el Estado tiene la obligación de responder" a la demanda de seguridad, pero que debe hacerlo con las reglas adecuadas. Advirtió que las reformas pueden desencadenar violaciones de derechos humanos y presionar a los sistemas judicial y penitenciario, y criticó una estrategia centrada en encarcelar jóvenes sin atender el desempleo, la educación y la salud. Pidió definir primero una política criminal con prioridades y recursos suficientes.
El especialista en criminalística Gonzalo Sánchez calificó las reformas de "más que necesarias" frente al crimen organizado y al narcotráfico, por el armamento acumulado por las bandas, y sostuvo que las penas pueden aplicarse respetando las garantías individuales siempre que haya supervisión de las actuaciones policiales y judiciales.
Las dos objeciones recaen sobre el mismo punto: una ley que amplía la detención sin control judicial y permite entrar en un domicilio sin orden depende, para no convertirse en abuso, de la capacidad de supervisión de un sistema judicial que la propia reforma va a sobrecargar. El plazo fiscal de 48 horas y los 1.300 cupos de la futura cárcel son las dos cifras que medirán si esa capacidad existe.
Con información de la Televisión Nacional de Honduras (TNH) y de la agencia EFE.
