La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este jueves 29 de octubre de 2026 crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a nueve exintegrantes del antiguo Comando Conjunto Central (CCC) de las FARC-EP, la estructura guerrillera que operó en los departamentos de Tolima, Huila y Quindío. Entre los imputados está Pablo Catatumbo Torres Victoria, que llegó al Congreso por el partido Comunes tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión salió de la Sala de Reconocimiento de Verdad del tribunal y recae sobre 468 hechos. Según la JEP, cerca del 70 % corresponde a un patrón de control social y territorial sobre la población, y el 30 % restante, a la conducta de hostilidades.
Se trata del Caso 10, el macrocaso que reúne los crímenes no amnistiables de la antigua guerrilla que no quedaron cubiertos por los otros expedientes del tribunal. La magistrada relatora, Marcela Giraldo, señaló que es la primera vez que los comparecientes deben responder por las victimizaciones masivas investigadas en este caso.
Quiénes son los nueve imputados
Además de Catatumbo, la Sala imputó a Luis Eduardo Rayo, Henoc Capera Trujillo, Jhon Jairo Oliveros Grisales, Gustavo Bocanegra Ortegón, Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Wilson Ramírez Guzmán, Víctor Hugo Silva Soto y Raúl Agudelo Medina. Todos pertenecieron al CCC.
El partido Comunes, con el que Catatumbo ejerció como congresista, perdió este año la personería jurídica al no alcanzar la votación necesaria en las elecciones legislativas.
Roncesvalles y Puerto Saldaña
El CCC fue la estructura de las FARC-EP con más tomas guerrilleras y asaltos a estaciones de policía del país: 94 incursiones armadas entre 1991 y 2016, según el expediente.
Dos episodios concentran buena parte de la imputación:
- Roncesvalles (Tolima), 14 de julio de 2000. La toma dejó 13 policías asesinados después de haberse rendido y la muerte de la personera del municipio, Ángela Yesenia Briñez Ballesteros. Más de 30 edificaciones fueron destruidas y cerca de 800 personas quedaron desplazadas.
- Puerto Saldaña (Tolima), entre abril y mayo de 2000. La ofensiva dejó al menos 27 civiles muertos, unas 200 viviendas afectadas y más de 3.600 personas desplazadas.
La Sala atribuyó homicidio, desplazamiento forzado, tortura, ataques contra la población civil, la orden de no dar cuartel y el uso de minas antipersonal como crímenes de guerra; y asesinato, traslado forzado, desaparición forzada, tortura y persecución como crímenes de lesa humanidad. Esos delitos no admiten perdón judicial.
La imputación se construyó sobre unos 600 expedientes de la justicia ordinaria, 54 informes de víctimas y organizaciones sociales y los relatos de 967 víctimas individuales acreditadas, de las cuales el 54 % son campesinos.
Qué pasa ahora
Los nueve imputados tienen 20 días hábiles desde la notificación para responder por los hechos y las conductas que se les atribuyen, y 30 días hábiles para presentar observaciones e información adicional.
En ese mismo plazo deben entregar a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas los datos que ayuden a localizar a 30 personas desaparecidas vinculadas a estos hechos.
Si reconocen responsabilidad, el tribunal convocará una audiencia pública con participación de las víctimas y luego impondrá sanciones restaurativas, que no incluyen cárcel pero sí restricciones efectivas de derechos y libertades. Si la niegan, irán a juicio y, en caso de condena, pueden recibir penas de hasta 20 años de prisión.
El presidente saliente de la JEP, Alejandro Ramelli, describió la imputación como "un paso enorme en el esclarecimiento de la verdad judicial y la justicia", y recordó que solo cerca del 10 % de casos de este tipo había llegado antes a una sentencia.
Con información de El Tiempo, ABC Color y Diario Libre.
