La comisión interministerial que evaluó el proyecto Cobre Panamá entregó este miércoles 30 de septiembre de 2026 al presidente José Raúl Mulino el informe final con las recomendaciones sobre el futuro de la mina, paralizada desde noviembre de 2023. El acto se realizó a las 8:00 de la mañana en el Ministerio de la Presidencia, en la Ciudad de Panamá.
La comisión está integrada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Moltó adelantó que el documento llega con recomendaciones, pero sin una decisión tomada: "Al presidente le daremos el espacio y el tiempo para que analice el informe y las recomendaciones para que él pueda girar instrucciones y tomar decisiones al respecto", dijo, según Metro Libre.
Qué dice la auditoría
El informe recoge los resultados de la auditoría independiente realizada por la certificadora SGS entre enero y junio de 2026, organizada en 15 volúmenes temáticos que abarcan los aspectos legales, fiscales, ambientales, técnicos y operativos del yacimiento, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón.
La evaluación arrojó un nivel general de cumplimiento de 87,73 sobre 100. Por áreas, según La Estrella de Panamá:
- aspectos legales, administrativos y fiscales: 88,2 %
- desempeño ambiental: 87,6 %
- desempeño operativo y técnico: 90,2 %
- riesgos y pasivos ambientales: 81,7 %
La nota más baja es, entonces, la de los riesgos ambientales. La auditoría identificó nueve no conformidades entre los 370 compromisos ambientales revisados, concentradas en reforestación, conservación de la biodiversidad y manejo del agua, y señaló riesgos asociados al material mineral expuesto, al manejo de las aguas y a la posible generación de drenaje ácido.
El costo de los 32 meses cerrados
La mina dejó de operar en noviembre de 2023, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión. Desde 2025 el sitio mantiene actividades limitadas: labores de mantenimiento y la exportación del concentrado de cobre que quedó almacenado.
El cierre acumula 32 meses y pérdidas superiores a 6.300 millones de dólares, cerca de 5,9 millones diarios, con una contracción de 65 % en la inversión extranjera directa y una caída de 75 % en las exportaciones de bienes, de acuerdo con las cifras citadas por La Estrella de Panamá.
Las objeciones al informe
Organizaciones ambientalistas cuestionan la validez de la auditoría: sostienen que más del 40 % de los compromisos evaluados no tiene evidencia suficiente que respalde la calificación. En la vereda opuesta, la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) recomienda reanudar las operaciones con apego constitucional y una supervisión más estricta.
El informe no obliga al Ejecutivo a nada: es insumo para una decisión que sigue pendiente y que, por el peso del yacimiento en las cuentas externas del país, se juega tanto en el terreno ambiental como en el fiscal.
Con información de La Prensa, La Estrella de Panamá y Metro Libre.
