Una comitiva de tres ministros del gobierno federal brasileño estuvo en el estado de Mato Grosso do Sul este sábado 31 de octubre para investigar ataques y amenazas contra comunidades guaraní y kaiowá registrados después de la segunda vuelta de la elección presidencial.
Viajaron al estado Eloy Terena, titular del Ministério dos Povos Indígenas (Ministerio de los Pueblos Indígenas); Wellington César Lima e Silva, del Ministério da Justiça e Segurança Pública (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública); y Janine Mello, del Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía). El grupo se reunió en Dourados y siguió hacia las aldeas Taquaperi, en Coronel Sapucaia, y Sassoró, en Tacuru. También integraron la misión la secretaria nacional de Acceso a la Justicia, Sheila de Carvalho; el director general de la Polícia Rodoviária Federal (Policía Federal de Carreteras), Fernando Oliveira; y representantes de la Polícia Federal, de la Força Nacional y de las policías Civil y Militar del estado.
"Vamos ahora a la primera comunidad indígena, Taquaperi", dijo Terena al llegar, según JD1 Notícias.
Las cifras
El Conselho Indigenista Missionário (Cimi, consejo misionero indigenista católico) contabiliza cinco muertes de indígenas bajo investigación en el estado desde el 24 de octubre. La Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib, organización nacional de los pueblos indígenas de Brasil) reporta más de 30 casos de agresión con motivación política desde la segunda vuelta, realizada el 25 de octubre.
Los casos
En Coronel Sapucaia hay sospechas de un atropello deliberado contra un indígena. En Tacuru circuló un audio atribuido a un funcionario municipal con una amenaza de envenenar el agua que usan las comunidades, acompañada de comentarios racistas sobre el resultado de la elección; el alcalde Rogério Torquetti (PSDB) separó del cargo al empleado. Parte de los habitantes, que dependen de camiones cisterna, dejó de beber el agua por miedo a la contaminación, según la Apib. En otro episodio, un incendio intencional destruyó la casa y los objetos sagrados de una rezadeira de 90 años, una rezadora tradicional.
Lo que se activó
El gobierno federal montó un grupo de trabajo para seguir los casos, identificar responsables y proteger a las comunidades. La Força Nacional ya actúa en territorios indígenas del estado, y la Polícia Federal recibió denuncias y abrió investigaciones.
La Funai, el órgano federal indigenista, mantiene contacto con los liderazgos y con el Ministério Público Federal (MPF, la fiscalía federal), que abrió una investigación y pidió explicaciones a la alcaldía de Tacuru sobre el audio y sobre las medidas de protección a los habitantes. El Ministério da Justiça solicitó a los órganos de control interno de las policías de los estados y del Distrito Federal información sobre registros de violencia política.
Las denuncias pueden hacerse por el Disque 100, que funciona 24 horas, por la plataforma Fala.BR y por la defensoría del Ministério dos Povos Indígenas.
Con información de JD1 Notícias, Plantão Brasil y Brasil 247.
