El presidente Donald Trump firmó el 18 de septiembre una proclamación que mantiene por doce meses más el pago de US$ 100.000 sobre las nuevas solicitudes de visado H-1B, junto con una orden ejecutiva que manda a las agencias federales mirar con más rigor a las empresas que recortan empleos de estadounidenses mientras piden traer especialistas extranjeros.
La proclamación, titulada "Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers" (restricción a la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes), entra en vigor a las 0.01 del 21 de septiembre de 2026, hora de la Costa Este estadounidense, y expira el 21 de septiembre de 2027 si no vuelve a renovarse. Alcanza a los trabajadores de ocupaciones especializadas admitidos por la sección 101(a)(15)(H)(i)(b) de la Immigration and Nationality Act (la ley estadounidense de inmigración y nacionalidad). La empresa debe obtener el pago, y conservar el comprobante, antes de presentar la solicitud.
La restricción no es absoluta. El secretario del Department of Homeland Security (el ministerio de Seguridad Nacional) puede levantarla cuando considere que la contratación es, en palabras de la proclamación, "de interés nacional" y no amenaza "la seguridad o el bienestar de Estados Unidos".
Lo que añade la orden ejecutiva
La orden que acompaña a la proclamación tiene un blanco más estrecho: las empresas que despiden a personal estadounidense y solicitan trabajadores extranjeros en el mismo periodo. Manda a los secretarios de Estado, de Trabajo y de Seguridad Nacional coordinar sus revisiones y tomar datos de empleo de los departamentos de Comercio y de Educación y de la Small Business Administration (la agencia federal de apoyo a la pequeña empresa).
La instrucción central es de "escrutinio reforzado de las solicitudes de visado H-1B cuando haya un riesgo elevado de que se despida a trabajadores estadounidenses". Los despidos recientes o ya planificados por la empresa pasan a pesar en el análisis de la solicitud.
Las cifras que cita la Casa Blanca
El argumento del gobierno se apoya en lo que dice que ya cambió la proclamación de septiembre de 2025:
- los registros de las mayores empresas de tercerización de TI cayeron un 92%;
- las solicitudes de trámite consular cayeron casi un 97%;
- el total de registros retrocedió cerca de un 40% después de que un sorteo basado en el salario sustituyera a la selección aleatoria, en diciembre de 2025;
- los titulares de una maestría subieron del 45,1% al 66,1% de los registrados.
La proclamación sostiene que el programa "fue explotado para sustituir, y no complementar, a trabajadores estadounidenses por mano de obra más barata". La Casa Blanca también cita el desempleo entre recién graduados antes de la medida de 2025 — 6,1% en ciencias de la computación y 7,5% en ingeniería informática — como el daño que la tasa pretende corregir.
Cada una de esas cifras describe quién se registró, no lo que se recaudó. La distinción importa aquí, porque el cobro lleva meses suspendido.
Una tasa que la justicia ya tumbó
Un juez federal de Massachusetts anuló el cobro de US$ 100.000 en junio, al entender que el presidente había creado el equivalente a un impuesto sin el Congreso, y bloqueó la recaudación. La decisión está ahora en el tribunal federal de apelaciones de Boston, según Reuters. Una impugnación separada, presentada por la U.S. Chamber of Commerce (la cámara de comercio estadounidense), también está en apelación.
La proclamación del 18 de septiembre, por lo tanto, prorroga una tasa que no se está cobrando, y mantiene la política en pie sobre el papel mientras corre el recurso. La proclamación original era del 19 de septiembre de 2025 y vencía este fin de semana.
Las tasas habituales de presentación del H-1B van de US$ 2.000 a US$ 5.000. El cobro no alcanza a quienes ya están en Estados Unidos con visado de estudiante, ni a la renovación de visados ya concedidos.
Una segunda tasa, por otro camino
El gobierno no depende solo de la proclamación. El Department of Homeland Security publicó el 25 de agosto una propuesta de norma que añadiría una tasa separada de US$ 103.265 a cada solicitud de H-1B sujeta al tope anual, abierta a consulta pública durante 30 días, con exención para universidades y organizaciones sin fines de lucro equivalentes. La publicación sectorial HR Dive informó que los dos cobros se sumarían cuando ambos correspondan, y que el departamento justifica la cifra como el costo de administrar el sistema de inmigración.
Algunas empresas prefirieron mover el trabajo antes que pagar. Alphabet amplió sus operaciones en India, informó Reuters. Las entidades empresariales argumentan que los visados les permiten reclutar cualificaciones escasas en el mercado laboral estadounidense.
Con información de la Casa Blanca, Reuters y HR Dive.
