El mercado regulado de carbono brasileño ya tiene fechas. La Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono (SEMC, la secretaría del mercado de carbono del Ministerio de Hacienda brasileño) publicó la noche del jueves 29 de octubre la Resolución nº 3.199, firmada el día 28, que define cuándo cada sector de la economía queda obligado a medir, reportar y verificar sus emisiones de gases de efecto invernadero dentro del Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE, el sistema brasileño de comercio de emisiones), creado por la Ley nº 15.042, de 2024.
La obligación es el llamado MRV: medición, reporte y verificación. No exige reducir emisiones ni fija un precio: es el paso anterior, el de montar la contabilidad sobre la que funcionará el mercado.
Quién entra, y cuándo
La resolución se aplica a las operaciones que emiten 10.000 toneladas de CO2 equivalente al año o más. Según Hacienda, ese umbral alcanza a menos del 1% de las empresas registradas del país.
El calendario tiene tres etapas:
- Desde 2027: aluminio; siderúrgicas integradas; cemento; exploración y producción de petróleo y gas natural; algunos segmentos de la industria química; minería de hierro y bauxita; celulosa y papel; vidrio.
- Hasta 2029: cerámica; siderúrgicas semiintegradas; los demás segmentos químicos; alimentos y bebidas; minería de otras sustancias minerales; refinación de petróleo; sector eléctrico.
- Hasta 2031: transporte por carretera, ferroviario y fluvial.
Cada etapa sigue un ciclo de cuatro años. El primer año se dedica a elaborar el plan de monitoreo; los dos siguientes, al seguimiento de las emisiones; y el cuarto, a consolidar los datos que alimentarán el Plano Nacional de Alocação (PNA, el plan nacional de asignación).
El orden de la fila no es casual. El acero, el aluminio y el cemento están entre los productos alcanzados por el CBAM, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono de la Unión Europea, que cobra por el carbono incorporado en las importaciones. Medir emisiones en casa, con una metodología reconocida, es la condición para que un exportador brasileño pueda descontar allí lo que ya pagó aquí.
Sin techo y sin costo, por ahora
La resolución no crea un límite de emisiones ni un costo para las empresas en esta fase inicial. El techo del sistema y la distribución de las Cotas Brasileiras de Emissão (CBEs, los permisos de emisión brasileños) quedan para el plan nacional de asignación, previsto a partir de 2030, y la asignación inicial será totalmente gratuita. Después de 2030, las empresas que emitan más de 25.000 toneladas de CO2e al año también quedarán sujetas a las obligaciones de ese plan.
"En los próximos cuatro años, el foco es aprender a medir y reportar" de forma estandarizada, dijo Cristina Reis, secretaria extraordinaria del Mercado de Carbono, al describir el período como una curva de aprendizaje para el país. Ella plantea el mercado regulado como política industrial, y no solo ambiental.
Hacienda pretende instalar todavía en 2026 una cámara de asuntos regulatorios con los sectores de la primera etapa, y abrir en noviembre consultas públicas sobre los programas PB-MRV y PBCE.
La aviación quedó fuera, y tiene regla propia
El transporte aéreo estaba en la propuesta llevada a consulta pública, pero salió del cronograma del SBCE. La justificación es evitar una doble regulación: las aerolíneas reportarán emisiones según las reglas de la Agência Nacional de Aviação Civil (Anac, la agencia brasileña de aviación civil), dentro del ProBioQAV, el programa nacional de combustible sostenible de aviación creado por la Lei do Combustível do Futuro (la Ley del Combustible del Futuro), que también empieza a valer en 2027.
La Anac puso su propuesta de resolución en consulta en septiembre. La Agência Nacional do Petróleo (ANP, el regulador brasileño de petróleo y gas) aprobó una consulta y una audiencia pública sobre las reglas del ProBioQAV, con audiencia fijada para el 18 de noviembre; el texto debería tratar criterios de sostenibilidad, una metodología de intensidad de carbono y la emisión y negociación de los certificados CS-SAF. Un decreto de agosto fijó el 18 de diciembre de 2026 como plazo para que la Anac y la ANP publiquen las reglas operativas.
La Ley del Combustible del Futuro, sancionada en octubre de 2024, obliga a los operadores de vuelos domésticos a reducir emisiones en un 1% a partir del 1 de enero de 2027, con uso de combustible sostenible de aviación (SAF). Empresas del sector plantearon la posibilidad de un aplazamiento, discusión que avanza dentro del gobierno, según fuentes consultadas por el sitio eixos.
El saneamiento y los residuos tampoco aparecen en el cronograma, una exclusión que generó reacción de entidades del sector. La Associação Brasileira das Empresas de Saneamento (Abcon, la asociación brasileña de empresas de saneamiento) sostiene que "el segmento de agua y alcantarillado genera beneficios ambientales y sociales significativos" y tiene potencial en el mercado voluntario de carbono.
Con información de eixos, Money Times, Portal Energia Limpa y el Ministério da Fazenda de Brasil.
