La Corte Suprema de Estados Unidos informó el jueves 1 de octubre de 2026 que decidirá si el gobierno federal puede mantener detenidos, durante todo el proceso de deportación, a los inmigrantes arrestados dentro del país, sin ninguna audiencia en la que un juez pueda fijar fianza.
El caso llega con el nombre de un brasileño. Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha llevaba más de diez años viviendo en Estados Unidos cuando el Immigration and Customs Enforcement (ICE, el servicio de inmigración y aduanas estadounidense) lo detuvo en Massachusetts, en 2025. Pidió una audiencia de fianza. El gobierno respondió que no le correspondía.
Qué cambió la regla
En julio de 2025, el ICE indicó a sus agentes que trataran a toda persona en proceso de deportación que hubiera entrado al país sin admisión formal como "solicitante de admisión", la categoría jurídica de quien se presenta en un puesto fronterizo. La ley dice que esa persona "deberá ser detenida".
El efecto práctico es lo que importa. Hasta entonces, quien era arrestado lejos de la frontera, tras años de vivir y trabajar en el país, solía quedar encuadrado en otra disposición que permite al juez de inmigración evaluar el riesgo de fuga y la peligrosidad y fijar una fianza. Con la directriz de 2025 esa audiencia desaparece, sin importar cuánto tiempo lleve la persona en el país, e incluso para quienes entraron bajo libertad condicional humanitaria (parole).
Los tribunales inferiores no lo aceptaron en silencio. Según el relato de SCOTUSblog sobre los escritos del caso, jueces federales de primera instancia han fallado contra la directriz más de 9.300 veces.
Cinco cortes divididas
El Segundo Circuito falló a favor de Barbosa da Cunha y ordenó que tuviera una audiencia de fianza, sumándose al Sexto y al Undécimo. El Quinto y el Octavo resolvieron lo contrario y avalaron la detención obligatoria para los acusados de entrar o permanecer sin autorización.
Esa división es la que el gobierno señaló al pedir la intervención de la Corte, al describir el resultado como un mosaico inviable en la aplicación de la ley migratoria. La American Civil Liberties Union (ACLU), que representa a Barbosa da Cunha, sostiene que el gobierno estira una regla fronteriza para cubrir arrestos en cualquier punto del país.
El expediente figura como Rhoney v. Barbosa da Cunha, nº 26-104. SCOTUSblog espera los alegatos orales a comienzos de 2027, lo que situaría la decisión antes del cierre del año judicial, en junio.
Lo que está en juego
La ACLU dijo a la Corte que millones de no ciudadanos podrían quedar alcanzados por la política. Aaron Reichlin-Melnick, analista de política migratoria, lo resumió así ante Courthouse News Service: una victoria del gobierno "daría luz verde a la detención civil masiva y prolongada en un nivel no visto desde el internamiento de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial".
El punto interesa a toda la región. Los latinoamericanos son la mayor parte de la población inmigrante sin estatus permanente en Estados Unidos, y la pregunta que la Corte aceptó responder —si una década de residencia garantiza una audiencia ante un juez, o nada— se aplica por igual a todos ellos.
El mismo día, los jueces también aceptaron revisar una disputa de zonificación religiosa en Kentucky y un caso de Dakota del Norte sobre pensiones militares en acuerdos de divorcio.
Con información de SCOTUSblog, Courthouse News Service, PBS NewsHour y la lista de resoluciones de la Corte Suprema del 1 de octubre de 2026.
