La tercera ronda de conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición venezolana concluyó este miércoles, 21 de octubre de 2026, después de una semana de reuniones dedicadas a las garantías políticas y civiles para un eventual proceso electoral. El mismo día, la jefa de la delegación opositora en la mesa, la exdiputada Dinorah Figuera, puso fecha tentativa a lo que considera el objetivo final del proceso: una elección presidencial "por lo menos a finales del próximo año".
Figuera hizo la afirmación en una entrevista con el diario El Nacional, recogida por la agencia EFE. Se declaró "optimista" sobre la posibilidad de que el país vuelva a las urnas en 2027, aunque condicionó el calendario a una reforma previa del sistema de votación.
"Depuración del registro electoral"
"Lo primero que debemos hacer es una depuración del registro electoral, del sistema", dijo Figuera, que sostuvo que los asesores de la delegación han detectado irregularidades en el padrón. A esa tarea sumó otra condición: que los partidos de oposición recuperen sus tarjetas electorales, hoy inhabilitadas en su mayoría, sin lo cual no podrían presentar candidatos.
La dirigente dijo esperar un informe electoral en diciembre y situó en ese mismo mes el plazo para la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): "a más tardar en diciembre". La renovación completa del TSJ fue el eje de las dos primeras rondas, celebradas en agosto y septiembre, junto con la liberación del oro venezolano depositado en Inglaterra y el levantamiento de bloqueos a portales de internet, incluidos sitios de noticias.
El Parlamento, de mayoría chavista, avanza en paralelo en la selección de 12 representantes de la sociedad civil y 11 diputados para el Comité de Postulaciones Judiciales, la instancia que evalúa a los candidatos a las magistraturas.
Una mesa sin Machado ni González Urrutia
El diálogo comenzó el 14 de octubre y es impulsado por Estados Unidos como parte de su plan de transición para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Del lado del Gobierno participa la administración de la presidenta en ejercicio, Delcy Rodríguez; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asistió a la jornada inaugural.
Ni María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia forman parte de la mesa, una ausencia que marca el alcance político del proceso: negocia un sector de la oposición, no el conjunto de ella.
Figuera describió esta tercera fase como la más difícil hasta ahora, porque el Gobierno ha tenido dificultades para conceder. Sobre la exigencia oficialista de que se levanten las sanciones internacionales, fue categórica: "Ellos piden cosas que a veces nosotros no podemos hacer, nosotros no levantamos sanciones".
El 9 de octubre, Figuera se reunió en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que elogió los "progresos tangibles" de las dos primeras rondas y la instó a seguir avanzando en libertades políticas y reforma electoral.
Presión desde fuera de la mesa
Las organizaciones que siguen el proceso desde afuera piden más que un recambio de nombres. El Foro Penal señaló el 20 de octubre que la renovación del TSJ debe venir acompañada de cambios estructurales, entre ellos la derogación de leyes represivas; su vicepresidente, Gonzalo Himiob, reclamó además una reforma del Código Penal.
La oposición que no participa en las conversaciones convocó una marcha nacional para exigir elecciones presidenciales en 2027, el regreso de Machado al país y la liberación de 322 presos políticos. El chavismo convocó una movilización propia para la misma fecha.
Al cierre de esta edición no se habían divulgado los acuerdos concretos de la tercera ronda ni la fecha de la siguiente. Las partes habían anticipado que anunciarían nuevos entendimientos sobre derechos políticos y civiles al término de esta fase.
Con información de Infobae, EFE, El Nacional y swissinfo.ch.
