Un fallo de unas sesenta páginas y once sobreseídos
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró el viernes 23 de octubre de 2026 la causa que investigaba al presidente de Argentina, Javier Milei, y a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por el lanzamiento del token $LIBRA. La resolución, de unas sesenta páginas, sobreseyó a once imputados por "inexistencia de delito": ninguno llegó a ser citado a indagatoria y el expediente quedó archivado.
El sobreseimiento se dictó después de que el fiscal federal Eduardo Taiano lo pidiera para todos los acusados. Junto a los hermanos Milei quedaron desvinculados el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, señalado como creador del token; los organizadores del Tech Forum Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy; Sergio Daniel Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores; el empresario Julian Peh; los intermediarios Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino; y María Alicia Rafaele y María Pía Novelli, madre y hermana de Mauricio Novelli.
Qué se investigaba
El 14 de febrero de 2025 Milei publicó en X un mensaje que presentaba el Viva la Libertad Project como una iniciativa privada para financiar emprendimientos argentinos, y difundió la dirección para comprar el token. El precio pasó de alrededor de un centavo de dólar a cerca de cinco dólares y se derrumbó en cuestión de horas.
Según el expediente, unas pocas billeteras retiraron cerca de 100 millones de dólares, mientras más de 40.000 compradores perdieron dinero. Los delitos bajo análisis eran estafa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
Por qué el juez no encontró delito
Para el fraude, Martínez de Giorgi sostuvo que hacían falta tres piezas que el expediente no reunió: un ardid concreto, un error inducido en los compradores y un perjuicio causado por ese engaño. La suba, el pico y el desplome, escribió, no alcanzan por sí mismos: una pérdida financiera en un mercado volátil no es, sin más, un delito. Tampoco se identificó una afirmación falsa puntual que hubiera empujado a comprar.
Sobre la publicación en X, el juez descartó el abuso de autoridad y las negociaciones incompatibles: no se probó que el mensaje fuera un acto oficial. Un informe de la Oficina Anticorrupción concluyó que Milei actuó desde su cuenta personal, sin recursos públicos ni canales institucionales de la Presidencia, y la Secretaría Legal y Técnica no tenía registros administrativos sobre el token. Tampoco quedó documentado un acuerdo reservado con Davis.
En el caso de Karina Milei, la pieza central era un borrador de acuerdo sin firma recuperado del teléfono de Mauricio Novelli. El juez le negó valor documental: la pericia confirmó que la nota existía en la aplicación de notas del aparato, pero no pudo probar que hubiera sido enviada, recibida ni aceptada. El único vínculo documental directo era la autorización de ingreso a la Casa Rosada, en julio de 2024, para Davis y Bartosz Lipinski, que a juicio del magistrado no prueba por sí sola un acuerdo ilícito. La investidura presidencial, agregó, pudo dar visibilidad al proyecto sin que eso demuestre una maniobra fraudulenta.
Taiano, al pedir los sobreseimientos, había señalado que el proyecto existió, que el token fue efectivamente emitido y que las operaciones son rastreables en la cadena de bloques, y que los acusados nunca garantizaron rentabilidad ni estabilidad de precio en un mercado de memecoins de fuerte componente especulativo.
Los inversores habían quedado fuera del expediente
Los compradores que se presentaron como querellantes habían sido apartados antes por la Cámara Federal. Les quedan pendientes recursos de queja directa ante la Cámara Federal de Casación Penal, de modo que el archivo dispuesto por el juzgado no agota los caminos procesales.
Un día después, el anuncio contra la prensa
El sábado 24 de octubre, en una extensa entrevista con Radio Mitre, Milei dijo que lo habían "ensuciado" durante "un año, ocho meses y nueve días" —el tiempo exacto entre su publicación en X y el sobreseimiento— y anunció que iniciará acciones legales contra "periodistas delincuentes" y medios que, afirmó, montaron una "operación" en su contra. Mencionó al grupo La Nación y nombró a Fernando Saguier y a Hugo Alconada Mon, de quien dijo que "me estaba mancillando". Acto seguido aclaró que primero consultará a sus abogados.
En la misma entrevista negó haber usado el aparato estatal contra la prensa —"Nunca les mandé a la ARCA, la SIDE ni maté a un fiscal", dijo, en alusión al organismo de recaudación y al servicio de inteligencia— y criticó la comisión del Congreso que investigó el caso $LIBRA, cuya creación calificó de irregularidad institucional.
Consultado sobre una futura reelección, respondió: "Estoy supertranquilo" y "No veo a los argentinos votando para atrás".
Con información de Infobae, El Día, la Agencia Noticias Argentinas y MDZ.
