La comunidad universitaria argentina vuelve a la calle este jueves 15 de octubre. La quinta Marcha Federal Universitaria se concentra a las 13:30 frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, con movilizaciones replicadas en ciudades de todas las provincias. La convocatoria reúne a estudiantes, docentes, personal no docente, autoridades de las universidades nacionales y gremios del sector bajo la consigna "por la educación, la soberanía y la democracia".
Dos reclamos ordenan la protesta: que se aplique de manera efectiva la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y que se amplíen las partidas previstas para las universidades nacionales en el proyecto de presupuesto 2027 que el Ejecutivo envió al Congreso.
Los números en disputa
El proyecto del Ejecutivo asigna cerca de $7,3 billones a las universidades nacionales. De ese total, $6,3 billones corresponden a personal, funcionamiento y transferencias corrientes, y $1,02 billones a ciencia y tecnología, hospitales universitarios y programas educativos.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades públicas, pidió revisar esas cifras: calcula que el sistema necesitaría alrededor de $11 billones, un 50% más que lo previsto, y estima que solo el gasto en personal llegaría a $8,368 billones, por encima del total asignado en el proyecto.
El contraste entre las dos cifras es el centro del conflicto: según el cálculo del CIN, la partida enviada no alcanzaría a cubrir los sueldos del sistema, antes de considerar funcionamiento, investigación y hospitales. Franco Bartolacci, presidente del organismo, advirtió que sin cambios en las asignaciones será "realmente muy difícil" garantizar el funcionamiento normal de las universidades en 2027.
El reclamo salarial
Los gremios docentes y no docentes reclaman una recomposición salarial acumulada del 33,4%. Sostienen que no hubo una nueva instancia de negociación ni una mejora adicional al 3% previsto para septiembre.
La ley y el expediente judicial
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025, después de que el Senado insistiera con el proyecto pese al veto del presidente Javier Milei. Su aplicación efectiva sigue en disputa.
En el plano judicial, el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, volvió a ordenar al Ejecutivo que cumpla en un plazo de cinco días una medida cautelar que obliga a actualizar los salarios del sector y los programas de becas, bajo apercibimiento de multas diarias en caso de incumplimiento.
Es la quinta movilización federal del sector desde que el conflicto por el presupuesto universitario se abrió, y la primera que se organiza en torno al proyecto de presupuesto para 2027.
Con información de El Destape, Voces Críticas e Infobae, y de la agenda de EFE.
